El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha sido citado por la Fiscalía General del país para declarar el 10 de octubre de 2024 en relación con un caso de presunta trata de menores y estupro. Las acusaciones señalan que Morales habría mantenido una relación con una menor de 15 años durante su mandato, con quien presuntamente tuvo un hijo. Además, se le vincula con la creación de una red de jóvenes, conocida como “Generación Evo”, integrada por adolescentes de entre 14 y 15 años, a quienes habría tenido a su disposición mientras ejercía como presidente.

Este caso ha sacudido el panorama político boliviano, ya que se presenta en medio de una lucha interna dentro del partido Movimiento al Socialismo (MAS), del que Morales es líder. Morales ha negado las acusaciones, calificándolas de una “persecución política” orquestada para evitar que se postule en las elecciones presidenciales de 2025. Señala que esta es una estrategia de “lawfare” similar a las campañas legales que enfrentaron otros líderes de la izquierda latinoamericana, como Lula da Silva y Cristina Fernández.

Por otro lado, el caso también ha generado tensiones dentro del sistema judicial boliviano. La fiscal Sandra Gutiérrez, quien presentó inicialmente la orden de captura contra Morales, fue removida de su cargo por el fiscal general, lo que desató críticas sobre la independencia de la justicia en Bolivia. Posteriormente, un juez ordenó la restitución de Gutiérrez en su puesto, intensificando la polémica en torno a este caso.

Este caso está enmarcado en una disputa política más amplia entre Morales y el actual presidente, Luis Arce, por el control del MAS y el futuro liderazgo del partido de cara a las elecciones de 2025.

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