Preocupaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su “grave preocupación” por la reciente aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial en México. El organismo advierte sobre posibles impactos negativos en el derecho de acceso a la justicia, las garantías de independencia judicial y la vigencia del Estado de Derecho. Según la CIDH, la reforma incluye el cese de autoridades judiciales en dos periodos: 2025 y 2027, para dar paso a una elección popular de todos los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte del país. La Comisión señala que la rapidez con la que se implementaron estas modificaciones podría tener consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial.
Reacciones del Gobierno Mexicano
En respuesta a las preocupaciones de la CIDH, el Gobierno de México ha defendido la legitimidad de la reforma, argumentando que busca democratizar el Poder Judicial y combatir la corrupción. Durante una audiencia ante la CIDH, representantes del Estado mexicano, como la Embajadora ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luz Elena Baños, defendieron la reforma, asegurando que promueve cambios necesarios en el Poder Judicial. Sin embargo, la CIDH ha instado a las autoridades mexicanas a asegurar que toda reforma judicial se realice de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia.
Implicaciones para el Estado de Derecho
La reforma judicial ha generado un intenso debate en México y en la comunidad internacional. Mientras el gobierno sostiene que la reforma fortalecerá el sistema judicial y mejorará el acceso a la justicia, críticos argumentan que podría comprometer la independencia judicial y debilitar el Estado de Derecho. La CIDH ha llamado a las autoridades mexicanas a promover un diálogo amplio, informado y participativo sobre la reforma, que incluya a todos los sectores interesados, para asegurar que las modificaciones al sistema judicial no afecten negativamente los derechos humanos en el país.
Conclusiones
La evaluación de la reforma judicial en México por parte de la CIDH destaca la importancia de garantizar que cualquier cambio en el sistema judicial respete los estándares internacionales de derechos humanos. Es esencial que las autoridades mexicanas consideren las preocupaciones expresadas por la comunidad internacional y trabajen en conjunto con diversos sectores de la sociedad para asegurar que la reforma fortalezca, y no debilite, la independencia judicial y el acceso a la justicia en el país.
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