Uso de términos ofensivos en resolución oficial
El gobierno argentino, bajo la administración del presidente Javier Milei, ha generado una intensa polémica tras la publicación de la Resolución 187/2025 por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En el anexo de dicha resolución, se emplearon términos obsoletos y peyorativos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para clasificar distintos grados de discapacidad intelectual. Estas expresiones, que fueron utilizadas históricamente en la medicina psiquiátrica para describir déficits intelectuales profundos, han sido discontinuadas debido a su carácter discriminatorio y ofensivo.
Reacciones y críticas de organizaciones
La difusión de esta terminología provocó una ola de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y colectivos que representan a personas con discapacidad. Siete entidades, entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron un reclamo administrativo el 3 de febrero de 2025, solicitando la derogación inmediata de la normativa por considerar que viola los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Estas organizaciones argumentaron que el uso de tales términos refuerza estereotipos negativos y perpetúa la discriminación hacia este colectivo.
Respuesta del gobierno y medidas correctivas
Ante el creciente rechazo social y mediático, la ANDIS emitió un comunicado el 27 de febrero de 2025, reconociendo que la inclusión de dichos términos fue un “error” y que no existió “ninguna intención discriminatoria”. El organismo se comprometió a corregir la resolución y a eliminar las expresiones ofensivas de la normativa. Además, enfatizó que estos términos provenían de una terminología médica antigua y que su uso en la resolución no reflejaba las políticas inclusivas que el gobierno pretende promover.
Implicaciones y contexto
Este incidente ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de las normativas y documentos oficiales para garantizar que el lenguaje utilizado sea respetuoso e inclusivo. Asimismo, resalta la importancia de la formación y sensibilización de los funcionarios públicos en materia de derechos humanos y discapacidad, para evitar la perpetuación de prejuicios y estigmas que afectan la dignidad y el bienestar de las personas con discapacidad.
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