En las últimas semanas, han surgido denuncias sobre el uso de eventos oficiales y espacios educativos para promover la afiliación al partido Morena, en un contexto preelectoral donde el tema de la imparcialidad institucional se vuelve particularmente sensible. Estos señalamientos han generado críticas por parte de la oposición, organizaciones civiles y algunos sectores académicos, quienes consideran que se están cruzando límites legales y éticos al utilizar estructuras públicas con fines partidistas.

Uno de los casos más visibles ocurrió el 23 de marzo durante un evento presidencial en Tlaxcala. En ese acto oficial, maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) instalaron un módulo de afiliación a Morena, portando camisetas y gorras con los logotipos del sindicato y del partido. Los asistentes eran invitados a inscribirse a la organización política, lo que generó incomodidad incluso entre algunos funcionarios presentes.

La polémica se agravó cuando se hizo público que en una primaria del Estado de México, durante un festival escolar, padres de familia fueron abordados por representantes del mismo sindicato para promover su afiliación a Morena. El hecho encendió las alertas, ya que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíbe expresamente el uso de instituciones educativas con fines de afiliación política o proselitismo.

Aunque el SNTE ha negado que estas acciones formen parte de una estrategia oficial, su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, declaró públicamente que el sindicato buscará sumar millones de votos a favor de Morena en las elecciones de 2027. Estas declaraciones han sido interpretadas por muchos como una validación de una práctica que podría configurar una forma de afiliación corporativa, algo explícitamente prohibido por la legislación mexicana.

Desde la Presidencia no se ha emitido una postura oficial sobre los hechos, aunque algunos voceros del gobierno han minimizado los eventos, argumentando que se trata de “acciones voluntarias” de ciudadanos organizados. Sin embargo, especialistas en derecho electoral han advertido que estas prácticas podrían constituir faltas administrativas graves e incluso delitos electorales si se comprueba la participación de funcionarios públicos o el uso de recursos del Estado.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha confirmado que abrirá una investigación para esclarecer los hechos y determinar si existe una violación a la normativa vigente. La oposición ha exigido sanciones ejemplares y ha solicitado que el caso sea turnado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El uso político de espacios escolares y eventos institucionales refleja una tensión persistente en la democracia mexicana: la delgada línea entre participación ciudadana y uso indebido del aparato estatal. Mientras el partido en el poder se defiende apelando a la libertad de asociación, la sociedad exige que se respeten los principios de imparcialidad y legalidad que deben regir la vida pública.

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