El diputado federal y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se presentó de forma voluntaria ante la Fiscalía General del Estado de Morelos para declarar sobre la acusación de intento de violación en su contra. La denuncia fue interpuesta por su media hermana, Nidia Fabiola Blanco, quien afirma que el hecho ocurrió a finales de 2023, cuando Blanco aún era gobernador. La comparecencia ha desatado un nuevo episodio de tensión política y judicial en el estado, marcado por pugnas entre fuerzas locales, acusaciones de encubrimiento y un creciente reclamo social por justicia.

Detalles de la denuncia

Según la denuncia, el incidente ocurrió en diciembre de 2023, en la residencia oficial del gobernador en Cuernavaca. Nidia Fabiola Blanco, hermana por parte de padre del exfutbolista, relata que luego de una cena familiar, Blanco intentó ingresar a su habitación sin consentimiento y la agredió durante varios minutos. La víctima asegura que la agresión fue física y sexual, y que aunque logró zafarse, temió por su vida.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía morelense a inicios de 2024, pero el caso permaneció en sigilo hasta que el fiscal general del estado, Uriel Carmona, reveló públicamente la existencia de una carpeta de investigación. Esta exposición detonó una ola de reacciones tanto en el ámbito político como social.

Respuesta de Cuauhtémoc Blanco

En su comparecencia, Blanco negó rotundamente las acusaciones y aseguró que se trata de una vendetta política orquestada por Carmona, con quien mantiene un largo historial de confrontaciones. “Me quieren destruir, es una guerra sucia. No tengo nada que esconder”, declaró ante medios tras salir de la Fiscalía.

Afirmó estar dispuesto a enfrentar el proceso y colaborar con las autoridades, pero también exigió que el caso se investigue de manera imparcial. Señaló que su hermana fue manipulada y utilizada como instrumento político, y aseguró contar con pruebas que desmienten la versión presentada en la denuncia.

Desafuero rechazado

La Fiscalía solicitó el desafuero de Blanco para poder proceder judicialmente, dado que actualmente goza de inmunidad parlamentaria como diputado federal. Sin embargo, la Cámara de Diputados desestimó la solicitud, al considerar que la carpeta estaba incompleta y que existían inconsistencias en el manejo del caso por parte del Ministerio Público de Morelos.

Este rechazo ha sido interpretado por algunos sectores como un intento de proteger al exgobernador, mientras que otros señalan que la solicitud de desafuero fue jurídicamente deficiente. La decisión provocó duras críticas de organizaciones civiles y de oposición, que acusan al Congreso de obstaculizar la justicia.

El PRI pide nueva carpeta de investigación

Ante la falta de avance judicial, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió públicamente la apertura de una nueva carpeta de investigación independiente, con supervisión de instancias federales. Argumentan que el conflicto político entre Cuauhtémoc Blanco y el fiscal Carmona compromete la imparcialidad del proceso local, por lo que piden que la Fiscalía General de la República atraiga el caso.

La diputada priista Carolina Viggiano afirmó que “no se puede permitir que intereses políticos interfieran en una denuncia tan grave”, y urgió a que la víctima reciba protección, atención integral y acceso efectivo a la justicia.

Implicaciones políticas y sociales

Este caso se suma a una serie de escándalos que han rodeado la administración de Blanco en Morelos, y reaviva el debate sobre la figura del fuero constitucional y su uso como escudo ante acusaciones graves. Organizaciones feministas han salido a protestar en Cuernavaca y la Ciudad de México, exigiendo que el caso no quede impune y que se garantice un proceso con perspectiva de género.

La presión pública y política sigue creciendo, y el desenlace de este caso podría tener efectos relevantes tanto para el futuro político de Blanco como para la credibilidad de las instituciones judiciales en el estado.

Conclusiones

La comparecencia de Cuauhtémoc Blanco ante la Fiscalía morelense marca un punto de inflexión en un caso que, además de tener implicaciones legales, expone las tensiones políticas y la fragilidad institucional en torno al acceso a la justicia. Con llamados a reabrir el caso y voces que exigen eliminar el fuero para todos los funcionarios públicos, el proceso continúa bajo la mirada de una ciudadanía cada vez más crítica y exigente.

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