El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha enviado una nota diplomática al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), rechazando las afirmaciones de que el Estado mexicano participa en prácticas de desaparición forzada de manera sistemática o generalizada.
Contexto de las declaraciones de la ONU
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha expresado su preocupación por la situación en México, señalando que las desapariciones forzadas en el país son “sistemáticas y generalizadas”. Estas afirmaciones se basan en cifras alarmantes: más de 127,000 personas desaparecidas, más de 5,600 fosas clandestinas y una crisis forense con alrededor de 72,000 cuerpos sin identificar. Ante esta situación, el Comité ha decidido activar un mecanismo contemplado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que podría llevar el tema a la Asamblea General de la ONU para su consideración urgente.
Respuesta del Gobierno de México
En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación emitieron un comunicado conjunto rechazando las declaraciones del Comité. El comunicado enfatiza que “el Gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”. Además, subraya el compromiso de México con el respeto irrestricto de los derechos humanos y la atención a las causas de la violencia.
La presidenta Sheinbaum también se pronunció al respecto, afirmando que “en México no hay desaparición forzada desde el Estado”. Estas declaraciones han generado polémica, especialmente entre organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes sostienen que existen evidencias de la participación de agentes estatales en diversas desapariciones.
Posturas de organizaciones y colectivos
Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares de desaparecidos han manifestado su desacuerdo con la postura del Gobierno mexicano. Señalan que, si bien es cierto que el crimen organizado tiene una participación significativa en las desapariciones, también existen casos documentados donde agentes del Estado han estado involucrados directa o indirectamente en estos delitos. Estos colectivos enfatizan la importancia de reconocer todas las formas de responsabilidad del Estado en las desapariciones para poder abordar eficazmente la crisis y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.
Conclusión
La respuesta del Gobierno de México a las preocupaciones expresadas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU refleja las tensiones existentes en torno al tema de las desapariciones en el país. Mientras las autoridades rechazan las acusaciones de participación estatal en desapariciones forzadas, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares insisten en la necesidad de un reconocimiento más amplio de las responsabilidades y una acción más efectiva para enfrentar esta crisis humanitaria.
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