La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que permite a los servidores públicos utilizar los tiempos oficiales del Gobierno para promover la participación ciudadana en la elección judicial del próximo 1 de junio. Esta medida, según explicó la mandataria, no implicará el uso de recursos adicionales ni la promoción de candidatos específicos, sino que buscará fomentar la información sobre el proceso y motivar el voto popular.

La resolución del TEPJF revoca un acuerdo anterior del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual limitaba esta facultad al órgano electoral, argumentando la necesidad de proteger la equidad en la contienda. Sin embargo, el tribunal electoral determinó que los servidores públicos pueden intervenir en la promoción de la elección judicial a través de redes sociales, mientras que los legisladores podrán utilizar otros medios institucionales, siempre que respeten los límites de la ley y eviten inclinarse por algún perfil.

Sheinbaum aseguró que la ciudadanía tiene derecho a estar informada y que esta decisión ayudará a difundir el propósito y la importancia de esta histórica elección. Afirmó que su administración aprovechará los canales oficiales para transmitir mensajes que impulsen la participación, pero sin sesgo político. Asimismo, insistió en que la comunicación será institucional y no personalizada, respetando la neutralidad del proceso.

La resolución fue votada por mayoría dentro del TEPJF y fue resultado de 39 impugnaciones presentadas por diversas figuras del oficialismo, incluyendo a la propia presidenta, a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y a la ministra Loretta Ortiz. Estos actores ya habían comenzado a hablar del proceso en medios y redes, lo cual motivó el debate sobre los límites legales de la comunicación gubernamental.

El fallo del tribunal ha generado reacciones encontradas: mientras que en el oficialismo se celebra como un triunfo para la libertad de expresión institucional, sectores de la oposición y algunos especialistas en derecho electoral advierten que esta medida podría abrir la puerta a un uso indebido de los medios públicos durante el proceso electoral.

La elección judicial del 1 de junio es un ejercicio inédito que busca acercar al Poder Judicial a la ciudadanía, permitiendo por primera vez la elección directa de jueces, magistrados y ministros. La forma en que el gobierno difunda esta información será clave para determinar si el proceso se lleva a cabo de manera transparente y equitativa.

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