Un panorama que no mejora

Durante la primera quincena de abril de 2025, México registró un total de 933 homicidios dolosos, lo que representa un promedio de 58 personas asesinadas por día. Estas cifras, dadas a conocer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirman que la violencia homicida sigue siendo uno de los mayores retos del país, a pesar de las estrategias implementadas por el gobierno federal.

El dato es particularmente alarmante si se considera que esta cifra se dio durante un periodo como la Semana Santa, donde se esperaría una disminución debido al ambiente vacacional. Sin embargo, entre el 6 y el 16 de abril se reportaron 231 asesinatos. El lunes 14 fue el día más violento de la quincena con 62 homicidios en una sola jornada.

Entidades más afectadas

Guanajuato lideró nuevamente la lista como el estado más violento del país con 105 homicidios. Le siguieron el Estado de México con 80 asesinatos, Sinaloa con 71 y Jalisco con 67. Estas entidades llevan varios años apareciendo de forma recurrente entre las más afectadas por el crimen organizado y la violencia armada.

Guanajuato, en particular, continúa siendo epicentro de la confrontación entre grupos criminales, a pesar del reforzamiento de operativos de seguridad y la presencia de fuerzas federales. En el caso del Estado de México, la cercanía con la capital y el crecimiento urbano descontrolado han contribuido a un entorno propicio para el aumento de delitos violentos.

La respuesta oficial y su disonancia

El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha reiterado que existe una reducción sostenida en la violencia, señalando una baja del 22.4% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y marzo de 2025. Esta reducción, según el gobierno, es resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad que prioriza la atención a las causas sociales del crimen.

Sin embargo, las cifras actuales ponen en entredicho esta narrativa. Si bien se han alcanzado reducciones parciales en ciertos meses, la realidad es que los niveles de violencia siguen siendo elevados, con regiones completas del país que permanecen bajo fuerte presión del crimen organizado y donde los enfrentamientos, extorsiones y asesinatos son cotidianos.

Consecuencias sociales y percepción ciudadana

La violencia persistente no solo cobra vidas, también destruye comunidades, desplaza familias y deteriora el tejido social. En muchas zonas, la ciudadanía ha dejado de confiar en las autoridades locales y federales, pues los cambios en estrategias de seguridad no se reflejan de forma tangible en su vida cotidiana.

En este contexto, el reto no solo es reducir las cifras, sino hacerlo de manera sostenible, con un enfoque que incluya justicia, reconstrucción del tejido comunitario, profesionalización policial y una coordinación real entre los tres niveles de gobierno. Mientras eso no ocurra, cifras como las de abril seguirán marcando la realidad del país.

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