Contratos sin control sanitario
Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que el gobierno mexicano, a través de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), otorgó contratos por más de 111 millones de pesos a la empresa cubana Neuronic Mexicana S.A. de C.V., representante de Laboratorios AICA y parte del conglomerado BioCubaFarma. Los medicamentos adquiridos presentaban múltiples irregularidades, incluyendo la falta de autorización sanitaria por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Según el contrato A-004/2023, Birmex tenía la facultad de rechazar productos con defectos de calidad. Sin embargo, la ASF documentó que se aceptaron y distribuyeron al menos 10 lotes de medicamentos que no superaron las pruebas de variación de volumen, algunos con empaques deteriorados y otros próximos a caducar. A pesar de estas deficiencias, Birmex pagó más de 15 millones de pesos sin exigir correcciones ni aplicar sanciones contractuales.
Medicamentos fuera del compendio oficial
Además de los problemas de calidad, se detectó que varios de los medicamentos entregados por Neuronic no estaban incluidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, lo que significa que no contaban con la autorización necesaria para su distribución en el sistema público de salud. A pesar de ello, estos productos fueron distribuidos en instituciones como el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Reacciones gubernamentales
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la destitución de al menos cinco funcionarios de Birmex, incluido su director Iván Olmos, por colusión con empresas farmacéuticas y adjudicación de contratos con sobreprecios. Además, se anunció la cancelación de la licitación de medicamentos que presentaba irregularidades por más de 13,000 millones de pesos. El gobierno implementó medidas como subastas inversas y asignaciones directas para garantizar el abasto de medicamentos y evitar futuras irregularidades.
Conclusiones
Este caso evidencia graves fallas en los controles sanitarios y administrativos en la adquisición de medicamentos por parte del gobierno mexicano. La falta de supervisión permitió la distribución de productos defectuosos y no autorizados, poniendo en riesgo la salud de la población. Las acciones tomadas por la administración actual buscan corregir estas deficiencias y establecer mecanismos más transparentes y eficientes en la compra de insumos médicos.
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