Antecedentes del caso
En 2014, el gobierno mexicano adquirió de forma controversial el software de espionaje Pegasus a través de la extinta PGR. La compra, con un monto aproximado de 460 millones de pesos, fue investigada por la Fiscalía General de la República (FGR), que inició una denuncia por supuestos delitos de peculado, uso indebido de atribuciones, fraude equiparado y asociación delictuosa. La ex Oficial Mayor, Judith Aracely Gómez Molano, fue identificada como posible responsable de autorizar dicha compra.
La decisión controvertida de la jueza
El 18 de junio de 2025, la jueza de control federal Alejandra Domínguez Santos determinó no vincular a proceso a la ex funcionaria por los cuatro cargos imputados, estableciendo que la adquisición fue legítima y justificada dentro de las funciones institucionales. Aunque sí vinculó a proceso a Vidal Díazleal por uso indebido de atribuciones, exoneró a Gómez Molano debido a la falta de evidencia legal sobre una orden contractual directa. La audiencia se celebró después de un retraso de más de dos años y medio.
Respuesta de la FGR
La Fiscalía calificó la decisión como ilegal y anunció dos acciones principales:
- Recurso de apelación para revertir la no vinculación.
- Inicio de una investigación penal contra la jueza por presuntos delitos contra la administración de justicia, incluida posible demoras deliberadas durante el proceso.
Fundamentos del fallo judicial
La jueza argumentó que la compra formaba parte de las funciones institucionales para combatir la delincuencia organizada y que no se había demostrado ilegalidad en los montos ni en la elección del proveedor. Además, consideró que las normativas no exigían prueba escrita de urgencia ni confidencialidad extrema en el proceso de adquisición.
Repercusiones y contexto
Este fallo representa un revés significativo para la FGR y el fiscal Alejandro Gertz Manero, cuyo esfuerzo por transparentar el uso de Pegasus y sancionar posibles abusos se ha visto cuestionado. Además, pone en relieve los desafíos estructurales en la impartición de justicia ante casos sensibles de espionaje estatal y control político.
Qué sigue
- Apelación legal: La FGR espera que el tribunal superior revoque el fallo de la jueza.
- Investigación contra la jueza: La carpeta abierta podría derivar en cargos si se prueban las acusaciones de obstrucción de la justicia.
- Monitoreo del caso Pegasus: El fallo podría afectar investigaciones adicionales, incluyendo las relacionadas con altos funcionarios como Tomás Zerón y otros casos de espionaje en gobiernos anteriores.
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