El perfil de una carrera controvertida
Silvia Delgado, conocida por haber defendido a Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016, fue electa como jueza penal en Ciudad Juárez tras las votaciones del pasado 1 de junio. Obtuvo una votación destacada, con más de 23 000 expresiones de apoyo, lo que la convierte en una figura clave dentro de la reciente reforma de elección ciudadana de juzgadores.
Durante décadas, Delgado desarrolló su carrera en la defensa penal, lo que le otorgó reconocimiento profesional. Su postulación fue respaldada por la gobernadora Maru Campos, quien confió en su experiencia perdiéndole el pasado estigmatizante que algunos sectores cuestionaron.
Reacciones divididas
El nombramiento ha generado un debate intenso. Organismos civiles advirtieron sobre el riesgo de normalizar trayectorias vinculadas históricamente con casos de corrupción o narcotráfico. “De alto riesgo”, describieron su elección, refiriéndose a la posibilidad de un cuestionamiento permanente sobre su imparcialidad.
Delgado, por su parte, se defendió. Aseguró que su labor profesional como abogada fue ética y basada en derechos humanos, enfatizando que no representó su defensa como un aval ideológico. Además, prometió no participar en casos federales relacionados con delincuencia organizada.
La reforma judicial en marcha
El ascenso de Delgado forma parte de una reforma judicial más amplia que permitió la elección popular de jueces. Tras la jornada de nombramientos, se elegirá a un total de 2 600 jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, la votación, tanto local (11 %) como federal (13 %), registró una participación considerada baja, lo cual ha puesto en cuestión la legitimidad del proceso.
Analistas señalan que la reforma, si bien diseñada para democratizar el Poder Judicial, corre el riesgo de politizarlo si no se establecen filtros rigurosos y transparencia en la evaluación de candidatos.
Implicaciones y próximos pasos
El nombramiento de Delgado sienta un precedente: un perfil polémico con experiencia profesional elevada puede llegar al cargo judicial por consenso electoral, no solo por nombramiento interno. Esto despierta reflexiones sobre los límites del formato electivo y la preparación ciudadana para elegir con responsabilidad.
Ahora, Delgado deberá afrontar el desafío de demostrar imparcialidad frente a la opinión pública y grupos sociales vigilantes. Su desempeño en casos recibirá una atención especial, pues será interpretado como un termómetro de la eficacia de la reforma.
¿Un caso aislado o una señal de cambio?
Algunos defensores del modelo argumentan que impedir el paso a profesionales con historial complejo podría limitar el acceso a expertos en defensa penal. Otros advierten que se requiere un equilibrio: experiencia técnica y respeto a códigos éticos irrefutables.
El futuro judicial del Estado de Chihuahua comienza a escribirse hoy con esta elección, y el desempeño de Delgado podría marcar si la confianza ciudadana en jueces electos logra consolidarse o si, por el contrario, surgen nuevos motivos de recelo hacia el sistema judicial.
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