Reformas estructurales en telecomunicaciones
El Senado de la República aprobó el pasado 29 de junio una reforma estructural que transforma por completo el esquema de regulación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Con 77 votos a favor y 30 en contra, se dio luz verde a la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual establece la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de dos nuevas entidades: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), esta última como órgano técnico autónomo.
Según los legisladores de la mayoría oficialista, esta reestructuración busca modernizar el aparato regulador, eliminar duplicidades administrativas y fortalecer la capacidad del Estado para garantizar el acceso universal a los servicios digitales. En contraste, la oposición ha señalado que la reforma representa un riesgo para la autonomía del órgano regulador, al concentrar competencias estratégicas en una agencia de nueva creación sin los contrapesos institucionales que caracterizaban al IFT.
Acceso universal, inclusión digital y medios comunitarios
Entre los objetivos que promueve la nueva legislación está el reconocimiento del acceso a Internet como un derecho universal. Se establece una serie de mecanismos para promover la conectividad en regiones rurales, pueblos originarios y comunidades con alta marginación, donde al menos 15 millones de personas permanecen desconectadas o con servicios precarios.
La ley también contempla medidas de fortalecimiento a medios comunitarios e indígenas, permitiéndoles vender publicidad, recibir financiamiento público y acceder a frecuencias sin los obstáculos técnicos que antes representaban barreras insalvables. Este punto ha sido destacado por organizaciones sociales y radios comunitarias que, históricamente, han denunciado el desamparo institucional en que operaban.
Otro elemento novedoso es la creación de una Defensoría de las Audiencias, obligatoria para todos los concesionarios de radio, televisión y plataformas digitales. Este órgano tendrá como tarea principal garantizar los derechos de los usuarios frente a la desinformación, los sesgos editoriales y la calidad del contenido difundido.
Artículos polémicos: censura y vigilancia
Uno de los puntos que encendió las alertas tanto en el Senado como en la opinión pública fue el artículo 109, que en su redacción inicial permitía al Estado bloquear contenidos o plataformas digitales sin necesidad de una orden judicial. Tras intensos señalamientos de expertos, medios y organizaciones defensoras de derechos digitales, dicho artículo fue eliminado del texto final antes de su votación.
No obstante, otras disposiciones siguen generando controversia. Por ejemplo, se conserva la facultad de las autoridades para acceder a la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles, una medida que, aunque se implementó por primera vez en 2014 con fines de seguridad pública, ha sido criticada por su falta de supervisión judicial efectiva.
También permanece vigente el artículo 209, que otorga a la Secretaría de Gobernación la capacidad de suspender publicidad política o institucional proveniente de gobiernos extranjeros, si considera que se vulnera la soberanía o el orden interno del país. Aunque el oficialismo lo defiende como una medida preventiva ante campañas de desinformación foránea, la oposición teme que se convierta en una herramienta de control sobre el discurso político digital.
Reacciones divididas y panorama legislativo
Durante el debate parlamentario, los legisladores afines al Ejecutivo sostuvieron que la reforma responde a un mandato de modernización tecnológica y justicia social. Argumentaron que el IFT se había vuelto un órgano elitista, desconectado de las necesidades del pueblo, y que era necesario construir nuevas instituciones con una perspectiva más social, territorial y eficiente.
Por su parte, los partidos de oposición acusaron un intento encubierto de censura y control estatal sobre los contenidos digitales. Advirtieron que la nueva agencia, al depender en parte del Ejecutivo, podría perder independencia en la toma de decisiones sobre concesiones, tarifas, infraestructura y libertades informativas. Organizaciones como Article 19 y la Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) respaldaron estas críticas, subrayando la falta de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en el diseño de la ATDT.
El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados, que deberá discutirlo antes del cierre del actual periodo ordinario. De ser aprobado sin cambios, pasará al Ejecutivo para su promulgación. Si se presentan reservas, el Senado tendría que revisarlas nuevamente en un periodo extraordinario.
Un nuevo paradigma bajo escrutinio
La eliminación del IFT y la creación de nuevas instituciones marcan un punto de quiebre en la historia de las telecomunicaciones en México. A casi una década de su nacimiento, el IFT había logrado cierto reconocimiento por su autonomía técnica y por establecer criterios transparentes para la asignación de frecuencias y la regulación de la competencia. Su desaparición abre un nuevo capítulo cuya eficacia aún está por probarse.
Por un lado, la posibilidad de ampliar el acceso digital en comunidades olvidadas es una promesa legítima y necesaria en un país con enormes brechas tecnológicas. Pero por otro, la concentración de funciones estratégicas en un solo ente, con facultades de vigilancia, sanción y coordinación intergubernamental, genera inquietudes sobre los límites del poder estatal en la era digital.
La reforma, aunque aprobada, aún está lejos de resolverse en términos políticos, jurídicos y sociales. Su implementación será observada de cerca por múltiples sectores, y su éxito o fracaso podría redefinir el equilibrio entre desarrollo tecnológico, libertades individuales y control gubernamental.
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