Revelaciones del Departamento de Justicia de EE.UU.

Un informe emitido por el Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que el Cártel de Sinaloa habría accedido ilegalmente a datos de vigilancia y geolocalización pertenecientes al FBI en México. El documento sostiene que en 2018, durante la administración de Enrique Peña Nieto, un hacker contratado por el grupo criminal logró infiltrarse en un teléfono vinculado a la oficina del FBI en la Embajada de EE.UU. en Ciudad de México. La intrusión permitió al cártel rastrear llamadas, ubicar a informantes e incluso obtener acceso visual a través de cámaras de vigilancia. A partir de esta información, el cártel habría identificado y asesinado a varios informantes en territorio mexicano.

La revelación provocó un revuelo inmediato en los medios mexicanos y estadounidenses, al evidenciar no solo la sofisticación tecnológica del crimen organizado, sino también posibles vulnerabilidades en los sistemas de seguridad del gobierno mexicano.

El C5 responde: “no fue en esta administración”

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México reaccionó de inmediato ante los señalamientos indirectos contenidos en el informe. Salvador Guerrero Chiprés, titular del organismo, negó categóricamente que el sistema haya sido vulnerado durante la actual administración capitalina. Aclaró que el periodo señalado por el Departamento de Justicia corresponde al sexenio de Peña Nieto y al gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, y remarcó que no existen registros ni evidencias de hackeos posteriores al año 2019.

Guerrero Chiprés también hizo hincapié en que el informe estadounidense no especifica si las cámaras utilizadas para rastrear a los informantes eran públicas o privadas, por lo que, en su opinión, resulta irresponsable implicar al sistema del C5 sin pruebas concluyentes. Reiteró que, desde el arranque de la administración de Claudia Sheinbaum, se han implementado medidas de blindaje digital, segmentación de redes, protocolos de encriptación y monitoreo continuo para detectar cualquier intento de intrusión.

Modernización tecnológica y blindaje institucional

Durante el sexenio anterior en la Ciudad de México, el sistema de videovigilancia vivió una transformación considerable. Se cuadruplicó el número de cámaras instaladas, pasando de poco más de 15 mil a más de 60 mil en todo el territorio capitalino. Estas cámaras están ahora conectadas a través de redes aisladas y cifradas, y se gestionan bajo un protocolo de control jerárquico con autentificación multifactorial.

Además, se crearon registros automáticos de actividad que permiten rastrear el historial de accesos internos, y se trabaja en coordinación con el Gabinete de Seguridad para realizar auditorías externas y simulaciones de ataques cibernéticos. Según Guerrero Chiprés, estas medidas hacen virtualmente imposible una intrusión sin ser detectada. No obstante, reconoció que la administración anterior operaba bajo estándares más débiles de seguridad digital, lo que habría podido facilitar la infiltración en años previos.

Tensiones binacionales y agenda pendiente

El caso ha encendido una vez más las fricciones diplomáticas entre México y Estados Unidos en torno a la cooperación en seguridad. Desde Washington, las filtraciones del informe han sido interpretadas como un síntoma de la fragilidad institucional mexicana frente al crimen organizado, mientras que desde México se exige mayor precisión en las acusaciones y un marco de colaboración más transparente y respetuoso.

El episodio plantea preguntas incómodas: ¿Qué tan profunda es la capacidad del narco para interferir con sistemas de seguridad? ¿Qué tan eficaz es la vigilancia urbana si puede ser utilizada en contra del propio Estado? ¿Y qué se está haciendo para evitar que casos como este se repitan?

Las investigaciones continúan, tanto del lado mexicano como del estadounidense. Si bien los responsables del hackeo no han sido identificados públicamente, el informe establece que el daño fue tangible y que, como resultado de la información sustraída, varios informantes perdieron la vida. El riesgo es doble: por un lado, el costo humano; por otro, la desconfianza que puede generar en futuras colaboraciones internacionales en materia de inteligencia.

Hacia una nueva gobernanza de la vigilancia

El caso de las cámaras supuestamente intervenidas por el Cártel de Sinaloa no solo abre un debate sobre seguridad y crimen organizado, sino también sobre la gobernanza de los sistemas de videovigilancia. En un país donde proliferan las cámaras —tanto públicas como privadas— sin una normativa clara y unificada, la línea entre vigilancia legítima y espionaje criminal puede volverse muy delgada.

El gobierno capitalino ha reiterado su compromiso con la seguridad digital, pero el episodio deja claro que se necesita una estrategia nacional que articule a estados, municipios y federación en un sistema de protección mutua y blindaje tecnológico. La batalla contra el crimen ya no se libra solo en las calles, sino también en los servidores y protocolos digitales que vigilan la vida cotidiana de millones.

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