Un boquete fiscal de alto perfil

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que 662 millones de pesos del gasto público correspondiente a la Cuenta Pública 2024 se encuentran pendientes de aclaración por parte de distintas dependencias del gobierno federal, así como de entidades estatales y municipales. El informe detalla que cerca del 60 % de ese monto proviene de irregularidades en gobiernos locales, mientras que el 30 % corresponde a recursos del Ejecutivo federal y el restante 10 % a organismos autónomos, fideicomisos y empresas estatales.

Este hallazgo no solo refleja inconsistencias contables, sino que apunta a prácticas estructurales de simulación, malversación y uso discrecional de recursos que afectan directamente los programas sociales, las obras públicas y la ejecución de infraestructura prioritaria. La ASF subraya que los responsables de estas inconsistencias aún no presentan documentación comprobatoria, lo cual podría derivar en sanciones administrativas, penales o el inicio de procedimientos de reintegro.

El caso del acueducto El Cuchillo II: símbolo de la opacidad

Uno de los ejemplos más relevantes es el del acueducto El Cuchillo II en Nuevo León. Este proyecto hidráulico, promovido como solución urgente a la escasez de agua en la zona metropolitana de Monterrey, terminó siendo también un foco de opacidad. La ASF detectó sobreprecios y pagos indebidos por al menos 27.9 millones de pesos, derivados de errores en la medición de volúmenes de obra, el uso injustificado de maquinaria pesada y anticipos no sustentados.

A esto se suman inconsistencias técnicas: fisuras en los muros de contención, deficiencias en las plantas de bombeo y uso de materiales de menor calidad al especificado. A pesar del discurso oficial de eficiencia y transparencia, los peritajes revelan que muchas de las obras fueron improvisadas, sin cumplir con los estándares que exige una infraestructura crítica como esta.

La importancia del acueducto radica en que abastece a más de 5 millones de personas. Su mal diseño y ejecución no solo representan un costo financiero, sino un riesgo para la seguridad hídrica de la región. Las irregularidades detectadas por la ASF no son menores: implican que el proyecto podría estar operando con vulnerabilidades estructurales, y aún no existe certeza de que los recursos observados puedan recuperarse o reorientarse.

Obras hidráulicas bajo la lupa

El acueducto El Cuchillo II es apenas la punta del iceberg. En total, la ASF reportó más de 354 millones de pesos observados en obras hidráulicas federales a lo largo del país. Entre los proyectos implicados se encuentran la presa Santa María en Sinaloa, el acueducto Yaqui en Sonora y obras menores en Campeche y Veracruz. El patrón se repite: contratos asignados sin licitación, pagos por obras no ejecutadas y adjudicaciones directas a empresas que no cumplían con requisitos mínimos.

El común denominador es la falta de supervisión efectiva. La ASF señala que las instancias fiscalizadoras internas —como las contralorías estatales o las unidades de auditoría— rara vez emiten alertas tempranas, y que muchos de los informes se ocultan, modifican o ignoran. En varias entidades se identificaron también conflictos de interés entre los responsables de obra y los contratistas.

Un sistema de rendición de cuentas debilitado

Más allá de los casos específicos, el informe de la ASF retrata un sistema generalizado de debilidad institucional en materia de fiscalización. Tan solo en 2023, el organismo había detectado anomalías por casi 52 mil millones de pesos en el ejercicio del gasto federal, de los cuales menos del 3 % fue recuperado. En otras palabras, la gran mayoría de los recursos observados no fueron aclarados, y sus responsables no enfrentaron consecuencias.

Esto genera una cadena de impunidad que debilita las finanzas públicas, distorsiona la política social y desalienta la participación ciudadana. La lógica es clara: si los fondos pueden ser desviados sin sanciones, se convierte en incentivo para que la corrupción opere de forma sistemática.

Además, muchos de los casos de observaciones son defendidos por las dependencias con argumentos vagos o promesas de solventación futura que nunca se materializan. La ASF ha solicitado en reiteradas ocasiones que se refuercen los mecanismos para que sus informes tengan consecuencias vinculantes, pero hasta ahora, el proceso sigue siendo más burocrático que correctivo.

Consecuencias políticas y demanda de justicia

Las implicaciones políticas de este tipo de hallazgos son profundas. En medio de un cambio de gobierno federal y con nuevas administraciones en varios estados, los informes de la ASF se han convertido en instrumento de confrontación entre partidos, pero pocas veces en plataforma para generar cambios estructurales.

Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil, académicos y organismos internacionales han señalado que México necesita una transformación en su cultura de rendición de cuentas. La ASF cumple su papel técnico, pero sin un sistema de justicia robusto, sus recomendaciones quedan en letra muerta.

Es en este contexto que los 662 millones sin aclarar no deben verse como un simple “faltante contable”, sino como una muestra concreta de un Estado que aún no logra garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos.

Conclusiones

La detección de 662 millones de pesos sin aclarar en la Cuenta Pública 2024 confirma un patrón alarmante: la gestión del dinero público en México sigue marcada por la opacidad, la impunidad y la falta de controles reales. Casos como el del acueducto El Cuchillo II revelan que, incluso en obras de alto impacto social, persisten prácticas nocivas como el sobreprecio, la improvisación técnica y la colusión con contratistas. La tarea pendiente no es solo administrativa, sino ética y estructural: sin voluntad política para cerrar las grietas de la corrupción, ningún megaproyecto estará a salvo de convertirse en monumento al despilfarro.

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