La presidenta responde a críticas por nuevas leyes de seguridad e inteligencia

La presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de las crecientes críticas por la aprobación de un paquete de reformas en materia de seguridad e inteligencia que, según diversas organizaciones civiles y partidos de oposición, podría dar pie a la instauración de un sistema de vigilancia masiva sin controles adecuados. Desde Palacio Nacional, la mandataria rechazó categóricamente que su administración esté interesada en espiar a la ciudadanía, y aseguró que las reformas tienen como único propósito fortalecer la coordinación entre instancias de seguridad y acelerar la respuesta del Estado frente al crimen organizado, los secuestros y las desapariciones.

Según la narrativa oficial, las nuevas leyes aprobadas no representan un retroceso democrático, sino un avance hacia un sistema más eficiente y articulado. El eje del plan es la creación de una Plataforma Central de Inteligencia, capaz de integrar en tiempo real datos de distintas fuentes: teléfonos móviles, registros vehiculares, geolocalización, reconocimiento facial y bases de datos del Registro Nacional de Población. Dicha plataforma, aseguran, solo podrá ser usada con supervisión judicial, y únicamente en casos justificados de seguridad pública o combate al crimen.

Sin embargo, el debate se ha intensificado luego de que activistas, académicos y legisladores alertaran que el nuevo marco legal reduce los contrapesos y expone a los ciudadanos a una vigilancia sin precedentes. Entre las críticas más recurrentes se encuentra la supresión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que será sustituido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, un organismo que, bajo el nuevo modelo, tendrá acceso directo a datos privados sin requerir orden judicial previa, bajo el argumento de “emergencia nacional” o “riesgo inminente”.

Sheinbaum, en respuesta, afirmó que se están manipulando los términos del debate para generar desinformación. “No vamos a repetir los errores del pasado. No se va a utilizar la inteligencia del Estado para perseguir opositores ni para reprimir movimientos sociales. Eso lo hacían antes, y nosotros no venimos de esas prácticas”, declaró ante medios de comunicación. En múltiples ocasiones, ha citado el artículo 16 constitucional para reforzar su postura, recordando que toda intervención en comunicaciones debe contar con autorización de un juez.

No obstante, organizaciones como Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y colectivos de víctimas de desaparición han denunciado que el verdadero problema no es la intención del gobierno, sino el diseño institucional que deja márgenes amplios para el abuso. Argumentan que un sistema tan poderoso de vigilancia, sin auditorías ciudadanas ni organismos autónomos de supervisión, sienta las bases para un modelo autoritario de control social, aun cuando no sea esa la intención inicial.

Particularmente preocupante ha sido la reacción de colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos, quienes señalan que la implementación obligatoria de la CURP biométrica podría ponerlas en mayor riesgo. “Nosotras vamos a zonas peligrosas, hacemos búsquedas donde el gobierno no entra, y ahora ellos van a saber dónde estamos, con quién hablamos, qué movemos. Eso no es seguridad, es amenaza”, expresó una vocera de uno de los colectivos durante una manifestación en la Ciudad de México.

Los partidos de oposición, por su parte, han prometido llevar el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtiendo que las reformas podrían violar principios fundamentales de privacidad y libertad. Incluso algunas voces que antes simpatizaban con el proyecto de la Cuarta Transformación han comenzado a manifestar reservas, señalando que el nuevo diseño institucional de seguridad debe ser sometido a un debate más amplio y a mecanismos de revisión permanente.

Mientras tanto, la ciudadanía observa con inquietud. En redes sociales se han multiplicado las advertencias sobre la pérdida de autonomía tecnológica y los riesgos de una “hipercentralización” de datos. Para algunos analistas, la clave no está en la intención del actual gobierno, sino en lo que podría hacer un gobierno futuro con un aparato de vigilancia tan robusto, si decidiera usarlo con fines políticos o represivos.

El verdadero reto para el gobierno de Sheinbaum será convencer a la sociedad de que el nuevo andamiaje legal y tecnológico servirá para proteger, no para controlar. Y eso solo se logrará con mecanismos claros de rendición de cuentas, transparencia radical y participación ciudadana efectiva. De lo contrario, la sombra del “Estado espía” seguirá proyectándose sobre el discurso presidencial, sin importar cuántas veces se niegue su existencia.

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