El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República ha exigido formalmente la comparecencia del secretario de Salud, David Kershenobich, y del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, para que rindan cuentas sobre el persistente desabasto de medicamentos en el sistema de salud pública, fenómeno que, aseguran, ha puesto en riesgo la vida de miles de pacientes en el país.

Durante una conferencia de prensa y en el marco de una propuesta de punto de acuerdo presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, legisladores del PAN acusaron que el actual gobierno federal ha fracasado en garantizar el abasto oportuno y suficiente de medicamentos, especialmente para personas con enfermedades crónicas, cáncer, y padecimientos psiquiátricos. Señalaron que la situación se ha agravado debido a fallas estructurales en los procesos de adquisición, distribución y supervisión de insumos médicos.

La senadora Ivideliza Reyes, una de las principales promotoras de la iniciativa, afirmó que el problema no es nuevo, pero ha alcanzado niveles críticos en los últimos dos años, en parte por la desaparición del Seguro Popular, la centralización de las compras gubernamentales a través de la UNOPS y la falta de experiencia operativa de las nuevas instituciones creadas por el gobierno, como el IMSS-Bienestar.

“El desabasto de medicamentos sigue costando vidas. Estamos ante una crisis silenciosa en hospitales públicos, clínicas rurales y centros de salud comunitarios. Exigimos transparencia y voluntad política para resolver el problema. No podemos seguir escuchando excusas ni discursos triunfalistas mientras los pacientes no tienen acceso a sus tratamientos”, declaró Reyes.

El PAN sostiene que el modelo de compras consolidadas ha sido ineficiente, poco transparente y vulnerado por subejercicios presupuestales. Adicionalmente, acusan que el gobierno ha apostado por una estrategia de centralización sin mecanismos adecuados de supervisión local, lo que ha derivado en retrasos logísticos, acumulación de medicamentos en bodegas, y falta de coordinación con los estados.

Los legisladores también alertaron sobre el impacto diferencial que el desabasto ha tenido en sectores vulnerables de la población, especialmente en mujeres con cáncer de mama o cervicouterino, pacientes con VIH, personas con trastornos mentales severos, y niños con padecimientos raros. En muchos casos, han sido las propias familias quienes deben adquirir medicamentos en farmacias privadas a costos elevados, lo cual incrementa la desigualdad en el acceso a la salud.

La demanda del PAN ocurre en un contexto en el que el gobierno federal ha intentado revertir la narrativa de desabasto, asegurando que el sistema IMSS-Bienestar está en vías de consolidación y que el abasto se ha normalizado en más del 90 % de las entidades federativas. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de pacientes han documentado que los faltantes persisten en miles de unidades médicas, particularmente en zonas rurales e indígenas.

Además, diversas auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han revelado inconsistencias en los registros de inventario, procesos de distribución ineficientes y posibles irregularidades en contratos relacionados con la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos. Aunque el gobierno ha atribuido parte de los problemas a los efectos rezagados de la pandemia, para los legisladores de oposición se trata de una falla estructural que debe ser corregida de manera urgente.

La comparecencia solicitada tendría el objetivo de conocer con detalle el estado actual del sistema de abasto, los contratos vigentes, las razones del retraso en entregas, y las acciones concretas que se están implementando para garantizar el derecho a la salud. El PAN advirtió que, de no obtener respuestas claras, podrían promover un juicio político contra los funcionarios responsables por negligencia administrativa.

En este contexto, el debate sobre el abasto de medicamentos se convierte no solo en un tema de salud pública, sino en un eje de confrontación política que refleja las tensiones entre el gobierno federal y los estados, así como las distintas visiones sobre cómo debe organizarse el sistema de salud en México. El desenlace de este conflicto marcará el rumbo de una de las promesas centrales del actual sexenio: el acceso universal a los servicios médicos.

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