Lichtman lanza acusaciones directas contra el gobierno mexicano

Jeffrey Lichtman, abogado defensor de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, arremetió públicamente contra el gobierno mexicano y, en particular, contra la presidenta Claudia Sheinbaum. En declaraciones recientes a medios estadounidenses, Lichtman calificó a la mandataria mexicana como “una vocera de una organización criminal” y sostuvo que las acciones del gobierno federal mexicano revelan una profunda colusión con grupos del crimen organizado.

Lichtman también aseguró que la extradición de su cliente fue resultado de un pacto político entre Estados Unidos y México, orquestado para ganar legitimidad en ambos países a costa de los derechos de Ovidio. En su intervención, desestimó por completo cualquier argumento legal y afirmó que el proceso fue una operación coordinada sin base jurídica real, lo que, a su juicio, constituye una violación a las garantías procesales.

El abogado fue más allá, señalando que las declaraciones hechas por Sheinbaum tras la declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán en una corte de Chicago eran hipócritas y estaban cargadas de propaganda política. En sus palabras, la presidenta utilizó el caso como una herramienta de relaciones públicas para posicionarse ante el público mexicano y estadounidense, sin ofrecer pruebas de los señalamientos que hizo respecto a la responsabilidad de Ovidio en actividades delictivas.

Respuesta de Sheinbaum: “irrespetuosas y sin fundamento”

Ante estas acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza durante una conferencia de prensa en Culiacán, Sinaloa. Sheinbaum calificó las declaraciones de Lichtman como “irrespetuosas de la institución presidencial” y afirmó que no responderá a provocaciones que carecen de sustento legal. Aseguró que su administración no ha tenido ni tendrá nexos con organizaciones delictivas y defendió la legitimidad del proceso de extradición.

La mandataria explicó que la captura de Ovidio Guzmán fue producto de un operativo coordinado entre las fuerzas armadas mexicanas y la Fiscalía General de la República, y que su traslado a Estados Unidos se realizó con base en los tratados internacionales vigentes. Subrayó que el Ejecutivo no tiene injerencia directa en los procesos judiciales y que la decisión fue estrictamente legal, avalada por el Poder Judicial.

Asimismo, Sheinbaum pidió no caer en discursos que buscan desacreditar al Estado mexicano a través de campañas mediáticas impulsadas por defensores de criminales confesos. “El gobierno de México actúa con legalidad y transparencia. Las palabras de un abogado que busca reducir la condena de su cliente no nos desvían del objetivo: garantizar justicia y paz en el país”, afirmó.

La FGR condena los señalamientos y reafirma la legalidad del proceso

La Fiscalía General de la República (FGR) también emitió un comunicado rechazando de manera categórica las declaraciones de Lichtman. En su posicionamiento oficial, calificó los dichos del abogado como “infundados, oportunistas y carentes de todo valor jurídico”, y recalcó que la extradición de Ovidio Guzmán se llevó a cabo conforme al marco legal y los procedimientos internacionales establecidos.

La dependencia argumentó que México ha mostrado resultados firmes en el combate al narcotráfico, y puso como ejemplo la captura del propio Ovidio Guzmán, efectuada en enero de 2023 tras un operativo de alta complejidad en Culiacán. El traslado del acusado a Estados Unidos, señalaron, fue validado por jueces mexicanos y respondía a una solicitud formal del gobierno estadounidense, conforme al tratado de extradición vigente desde 1978.

En el mismo documento, la FGR advirtió que no tolerará ataques mediáticos que pretendan desacreditar el trabajo institucional, y aseguró que cualquier acusación contra funcionarios públicos deberá ser presentada mediante las vías legales correspondientes. Además, invitó al abogado defensor a presentar pruebas si cuenta con elementos que respalden sus declaraciones, de lo contrario, sus dichos quedarían como una estrategia para influir en la opinión pública y distorsionar el proceso judicial en curso.

Contexto judicial del caso Ovidio Guzmán

Ovidio Guzmán López fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023, después de haber sido detenido por segunda vez en territorio mexicano. El acusado enfrentaba cargos relacionados con tráfico internacional de drogas, lavado de dinero, posesión de armas de uso exclusivo del ejército y conspiración para importar sustancias controladas, incluyendo fentanilo.

A mediados de julio de 2025, Guzmán se declaró culpable ante una corte federal en Chicago. Como parte de un posible acuerdo con la fiscalía estadounidense, se espera que coopere como testigo en procesos relacionados con la organización criminal que lideraba junto a sus hermanos, conocida como “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa. La defensa busca reducir una sentencia que podría alcanzar la cadena perpetua, lo que explicaría la estrategia de confrontación de Lichtman contra el gobierno mexicano.

La declaración de culpabilidad de Ovidio ha sido utilizada por el gobierno mexicano como prueba del compromiso en la lucha contra el crimen organizado, mientras que los sectores más críticos, incluyendo la oposición, han señalado que este tipo de eventos suelen estar cargados de simbolismo político y que, en muchos casos, las estructuras criminales siguen operando con impunidad en diversos estados del país.

Implicaciones políticas y diplomáticas

El choque entre el abogado defensor de un narcotraficante y el gobierno mexicano no es solamente una disputa mediática. Representa, además, una tensión creciente en la narrativa sobre cómo México enfrenta el fenómeno del narcotráfico y cuál es su posición ante las exigencias judiciales de Estados Unidos. En los últimos años, la colaboración entre ambas naciones ha sido constante pero también polémica, especialmente cuando se trata de extradiciones de alto perfil o detenciones realizadas sin una coordinación plena.

La intervención de Sheinbaum en este tema, apenas semanas después de haber asumido la presidencia, también ha sido vista como una declaración de intenciones. Al responder personalmente a las acusaciones, la mandataria busca dejar claro que su gobierno no será rehén de discursos que intenten deslegitimarlo ni permitirá que se ponga en duda la capacidad del Estado mexicano para actuar en defensa de la legalidad.

No obstante, las acusaciones de Lichtman, aunque carentes de pruebas, no dejan de resonar en una sociedad profundamente marcada por décadas de colusión entre autoridades y crimen organizado. La desconfianza social hacia las instituciones sigue siendo un reto enorme para cualquier gobierno que pretenda combatir al narcotráfico de manera frontal.

Conclusión

El enfrentamiento entre Jeffrey Lichtman y el gobierno de Claudia Sheinbaum marca un nuevo episodio en la compleja relación entre el Estado mexicano y los procesos judiciales ligados al narcotráfico. Mientras el abogado de Ovidio Guzmán acusa sin pruebas y apela a la opinión pública, la presidenta y la FGR cierran filas en defensa de la institucionalidad y del marco legal vigente.

Más allá de los intercambios retóricos, el caso pone sobre la mesa los enormes desafíos que enfrenta México para restaurar la confianza en sus instituciones y fortalecer la colaboración internacional sin perder soberanía ni legitimidad. La extradición de Ovidio Guzmán y las tensiones que ha provocado son un reflejo de los dilemas que persisten en la lucha contra el crimen organizado en el país.

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