Ciudad de México, 30 de julio de 2025 – El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, ha elevado la presión política al presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que exige investigar a diversos funcionarios y exfuncionarios de Morena —incluyendo al expresidente Andrés Manuel López Obrador— por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Durante una rueda de prensa celebrada en la sede nacional del PRI, Moreno aseguró contar con “pruebas contundentes” que vinculan a varios miembros del actual oficialismo con estructuras criminales que habrían operado en diversos estados del país durante los sexenios de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Entre los señalados figuran nombres de alto perfil, como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; e incluso Andrés Manuel López Beltrán, hijo del exmandatario.

Según el documento presentado, los presuntos vínculos incluyen protección a cárteles, canalización de recursos ilícitos a campañas políticas, y omisiones deliberadas en la aplicación de justicia. Moreno afirmó que se trata de una “red de complicidad” que se mantuvo activa durante años bajo la narrativa del combate a la corrupción, cuando en realidad se habría gestado una “nueva generación de pactos oscuros entre el poder político y el crimen organizado”.

El líder priista advirtió que el reciente aplazamiento de los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump no debe interpretarse como una señal de distensión, sino como una ventana de oportunidad para fortalecer la relación con Estados Unidos desde una postura firme y honesta. En ese sentido, subrayó que “la confianza internacional en México no se construye solo con acuerdos comerciales, sino también con transparencia, legalidad y combate efectivo al crimen”.

Moreno también aprovechó para cuestionar la actuación del gobierno federal durante episodios recientes de violencia en estados como Guerrero, Zacatecas y Michoacán. Aseguró que la falta de respuesta contundente por parte de las autoridades revela una tolerancia estructural frente a los grupos delictivos que operan en esas regiones, lo que refuerza —a su juicio— la necesidad de una investigación integral a las esferas del poder político que han mantenido vínculos con dichos grupos.

La denuncia, entregada oficialmente a la FGR, consta de más de 200 páginas de documentos, transcripciones, testimonios y reportes periodísticos que, según Moreno, sustentan la existencia de una “colusión sistemática” entre operadores políticos de Morena y organizaciones criminales. En palabras del dirigente priista, “ya no se trata de casos aislados, sino de un patrón preocupante que amenaza la estabilidad institucional del país”.

Desde Palacio Nacional, la respuesta no se hizo esperar. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó las acusaciones como un “acto de desesperación electoral” y rechazó categóricamente que su partido o sus colaboradores tengan vínculos con el crimen organizado. Afirmó que la estrategia de seguridad de su gobierno está basada en la inteligencia, la coordinación y el respeto a los derechos humanos, y acusó a Moreno de querer polarizar al país en un momento delicado para la unidad nacional.

Por su parte, Mario Delgado negó cualquier nexo con grupos criminales y calificó las acusaciones como infundadas y sin sustento legal. Señaló que el PRI “está intentando resucitar su imagen pública con base en escándalos mediáticos, pero sin fundamentos sólidos”, y afirmó estar dispuesto a colaborar con cualquier investigación siempre y cuando se respete el debido proceso.

Diversos analistas consideran que esta denuncia puede escalar la tensión entre partidos políticos y provocar un nuevo episodio de polarización en el ya complejo entorno político nacional. Aunque no es la primera vez que se hacen señalamientos de esta naturaleza —el tema ha sido recurrente durante años en la política mexicana—, la formalización de la denuncia y la mención directa de un expresidente de la República representan un giro inédito en el escenario institucional.

Mientras tanto, la Fiscalía ha informado que analizará el contenido de la denuncia para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen la apertura de una investigación formal. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer un calendario para dicha revisión ni se ha citado a ninguno de los mencionados.

En un contexto marcado por las tensiones comerciales con Estados Unidos y el debate sobre la eficacia de las estrategias de seguridad, la acusación lanzada por Alito Moreno reaviva el debate sobre la relación entre poder político y crimen organizado. La evolución de este caso será clave para medir la solidez de las instituciones encargadas de impartir justicia en México y su capacidad para investigar a figuras del más alto nivel, sin importar su filiación partidista.

Lo que está pasando en México hoy, explicado para ti. Ale Díaz de la Vega te espera en vivo a las 10 am en El Daily Diario para desmenuzar las noticias que importan. Haz clic y mantente informado.