Tras la entrada en vigor de la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, prevista para implementarse entre 2025 y 2027, el Poder Judicial de la Federación se prepara para un cambio sin precedentes: la renovación de cerca de 800 cargos federales, incluidos los de la Suprema Corte, Magistrados del Tribunal Electoral y de Circuito, además de Jueces de Distrito. La transición marca un giro estructural en la forma de selección de servidores judiciales en el país.
La reforma reduce el número de ministros de la Suprema Corte de once a nueve, además de establecer que estos cargos serán elegidos por voto popular directo. El proceso electoral será supervisado por el Instituto Nacional Electoral y las candidaturas serán presentadas por el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, quienes participan en comités de evaluación. La elección se realizará en junio de 2025, y quienes resulten electos tomarán protesta el 1 de septiembre de 2025 ante el Senado, coincidiendo con el inicio del periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura.
Los aspirantes a cargos judiciales deberán cumplir estrictos requisitos profesionales: título en Derecho, promedio mínimo de ocho o nueve, experiencia mínima de cinco años, y procesos evaluativos rigurosos, que incluirán insaculación pública en caso de excedentes y ratificación de méritos.
En la elección de ministros, fueron electas cinco ministras y cuatro ministros. Hugo Aguilar Ortiz obtuvo la mayor votación, por lo que asumirá la presidencia de la Suprema Corte de forma rotativa, tal como lo establece la reforma constitucional. Bajo el sistema transitorio, los periodos de nueve y doce años se asignarán según los votos obtenidos, permitiendo alternancia temporal entre quienes resultaron elegidos.
Asimismo, se elegirá a magistradas y magistrados para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de vigilar y sancionar conductas éticas dentro del sistema judicial. También se seleccionarán juezas, jueces federales de distrito y magistraturas de circuito, cuya duración será de nueve años con opción a reelección.
Esta fase inicial incluye alrededor de 850 cargos federales; se espera que en 2027 se concluya la segunda parte del proceso, completando la renovación de la judicatura federal según lo establecido en la hoja de ruta aprobada.
El contexto político en torno al relevo ha generado debate. Críticos como Víctor Oléa, líder de la Barra Mexicana de Abogados, han advertido que la elección popular de jueces podría comprometer la independencia judicial, al politizar la función y someter a los aspirantes al escrutinio electoral y los intereses públicos. También se teme por costos logísticos, altos niveles de abstención y la pérdida del modelo méritocrático tradicional.
La reforma constitucional fue mantenida por la Suprema Corte en una votación cerrada que rechazó revertirla por un voto, lo que validó el avance institucional del Ejecutivo y del Legislativo. Se estimó que hasta ocho ministros podrían renunciar ante la imposibilidad de participar en el proceso electoral, como ocurrió con Alfredo Gutiérrez, cuya salida se anunció para agosto de 2025.
El plan alternativo previsto —conocido como “Plan D”— contemplaba elecciones escalonadas en 2025, 2027 y 2030 para evitar presiones acumuladas; sin embargo, al confirmarse la validez de la reforma, ese plan fue descartado y se optó por completar la renovación en dos etapas.
La renovación de jueces y magistrados significa un reordenamiento institucional que busca democratizar el acceso a los cargos judiciales y reforzar los mecanismos de control y disciplina interna. No obstante, la medida también implica riesgos importantes: una transición acelerada puede generar desequilibrios operativos, debilitar la institucionalidad y poner en tensión la separación de poderes.
La integración de nuevos magistrados y ministros está alineada con un enfoque de austeridad republicana y control del costo del sistema judicial. La creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial reemplazan al Consejo de la Judicatura Federal, redistribuyendo funciones y fortaleciendo la rendición de cuentas.
A partir del 1 de septiembre de 2025, con la jura de los nuevos integrantes electos, comenzará una nueva etapa del Poder Judicial mexicano. El relevo no solo redefine quiénes impartirán justicia, sino también cómo se conforman, fiscalizan y rinden cuentas las instituciones judiciales de México.
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