El escándalo que envuelve al senador Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena y exgobernador de Tabasco, ha escalado a niveles críticos dentro del Congreso mexicano. Legisladores del PAN y el PRI han elevado su reclamo para que se indaguen a fondo sus presuntos vínculos con la organización criminal conocida como “La Barredora”.

El detonante fue la revelación de que Hernán Bermúdez Requena —exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de López— está acusado de liderar esa célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y actualmente se encuentra prófugo de la justicia, con una orden de aprehensión y ficha roja de Interpol. Aunque el nombramiento de Bermúdez ocurrió en 2019, documentos filtrados y reportes de inteligencia lo identifican como un actor clave dentro de la estructura delictiva.

Durante una sesión de la Comisión Permanente, los legisladores del PAN exigieron que el caso se discutiera como punto prioritario en el orden del día. El coordinador Ricardo Anaya encabezó la solicitud, advirtiendo que no se trataba de un incidente aislado sino de un “patrón de complicidad entre Morena y el crimen organizado”, y reclamó medidas como investigar y deslindar responsabilidades legales. Sin embargo, el debate fue bloqueado por el oficialismo, alegando que el tema no estaba contemplado en la agenda.

En paralelo, la diputada Noemí Luna (PAN) anunció formalmente la presentación de una denuncia penal contra López Hernández, argumentando que existen indicios suficientes para explorar una posible responsabilidad penal. La solicitud incluyó el llamado para que el senador renuncie a su cargo mientras se realizan las investigaciones.

Frente a los ataques, López se ha deslindado públicamente del caso, asegurando que no fue él quien nombró inicialmente a Bermúdez, que desconocía sus vínculos criminales y que está dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad judicial, sin necesidad de utilizar su inmunidad como excusa. A su vez, Morena ha cerrado filas, respaldándolo y reiterando que no existe una investigación en su contra.

En el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura de respeto institucional, afirmando que “no se va a cubrir a nadie” y que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) actuar con autonomía en este asunto.

El caso ha expuesto grietas internas dentro de Morena y ha reavivado el debate sobre la integridad ética de quienes ocupan cargos de alto perfil. Además, ha generado comparaciones con otros casos emblemáticos de colusión entre funcionarios y crimen organizado, poniendo en entredicho la narrativa oficial de combate a la corrupción.

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