El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, reveló una investigación que vincula a empresarios y exfuncionarios relacionados con Petróleos Mexicanos (Pemex) en una red de corrupción que habría facilitado operaciones de cárteles del narcotráfico. Según el reporte oficial, se pagaron sobornos por al menos 150 mil dólares para obtener contratos millonarios de suministro y transporte de combustible, así como para facilitar el robo y contrabando de hidrocarburos hacia territorio estadounidense.

Las autoridades estadounidenses aseguran que esta red no solo operaba con fines de enriquecimiento ilícito, sino que también servía como un canal logístico para organizaciones criminales, entre ellas el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las empresas involucradas habrían actuado como intermediarias para ocultar el origen ilícito del combustible y su traslado a través de la frontera.

Modus operandi

La investigación detalla que los implicados obtenían información privilegiada sobre rutas, horarios y medidas de seguridad de Pemex. A cambio de sobornos a funcionarios y trabajadores de la paraestatal, los grupos criminales podían extraer, almacenar y distribuir el combustible robado sin ser detectados. En algunos casos, las empresas fachada registraban operaciones ficticias para justificar los volúmenes de producto que ingresaban a Estados Unidos.

Los contratos adjudicados irregularmente también habrían permitido el acceso a instalaciones estratégicas de Pemex, lo que facilitó el desvío de recursos y el uso de infraestructura oficial para operaciones ilícitas. La documentación recabada incluye transferencias bancarias, facturas y comunicaciones electrónicas que, según el Departamento de Justicia, prueban la colusión entre empresarios, funcionarios y miembros del crimen organizado.

Implicaciones para Pemex y México

El caso representa un golpe significativo a la imagen de Pemex, ya de por sí cuestionada por problemas de corrupción interna y pérdidas millonarias derivadas del robo de combustible. Además, plantea un escenario delicado para las relaciones bilaterales, dado que Estados Unidos podría solicitar la extradición de algunos de los señalados, así como imponer sanciones financieras y comerciales a las empresas implicadas.

Expertos en seguridad energética advierten que el robo de hidrocarburos no es un delito aislado, sino parte de un esquema más amplio de delincuencia organizada que incluye lavado de dinero, tráfico de armas y narcotráfico. La colaboración de personal interno de Pemex amplifica el riesgo para la seguridad nacional y compromete la capacidad de la empresa para operar con integridad.

Reacción del gobierno mexicano

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han confirmado si existe una investigación interna paralela, aunque la Secretaría de Energía y la Fiscalía General de la República han indicado que revisarán la información enviada por Estados Unidos. La postura oficial ha sido de disposición a colaborar con las agencias norteamericanas, pero sin emitir comentarios sobre posibles responsabilidades de funcionarios en activo.

Colectivos ciudadanos y organizaciones anticorrupción han exigido que se realicen auditorías independientes a los contratos de Pemex y que se fortalezcan los mecanismos de control interno para prevenir que este tipo de prácticas continúe. También han solicitado que se hagan públicos los nombres de todos los implicados, independientemente de su cargo o influencia política.

Próximos pasos

El Departamento del Tesoro podría imponer sanciones bajo la Ley Kingpin, lo que implicaría el congelamiento de activos y la prohibición de realizar transacciones financieras con entidades estadounidenses. Asimismo, se prevé que el Departamento de Justicia presente cargos formales en una corte federal contra los ciudadanos estadounidenses y mexicanos involucrados. En México, el caso podría derivar en procesos penales y administrativos, así como en reformas para blindar a Pemex contra la infiltración del crimen organizado.

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