La entrevista y el estallido político
La senadora del PAN, Lilly Téllez, generó una fuerte polémica nacional tras una entrevista en el programa Fox & Friends Weekend de Fox News, emitida el 24 de agosto de 2025, en la que sostuvo que la ayuda de Estados Unidos para combatir a los cárteles en México sería “bienvenida”. En el intercambio televisivo, Téllez describió una supuesta infiltración del crimen organizado en estructuras del Estado y defendió que el apoyo estadounidense podría contribuir a “resolver” el conflicto con los cárteles. La intervención fue difundida por la propia cadena y retomada por medios mexicanos, detonando reacciones inmediatas desde Palacio Nacional y de las dirigencias de Morena.
¿Qué dijo exactamente y por qué molestó?
De acuerdo con las coberturas y transcripciones periodísticas, Téllez afirmó que “es absolutamente bienvenida la ayuda de Estados Unidos” y que este sería “el sentir de la mayoría de los mexicanos”. El encuadre de la senadora se apoyó en dos ideas: (1) la supuesta protección del gobierno a “narcopolíticos” y (2) la legitimidad de solicitar cooperación externa frente a organizaciones criminales transnacionales. La combinación de ambas afirmaciones —cooperación extranjera y acusaciones de connivencia estatal con el narco— fue interpretada por sectores del oficialismo como un aval a la injerencia de otro país en asuntos de seguridad interior, lo que prendió alarmas políticas y mediáticas.
La respuesta del gobierno: soberanía y memoria histórica
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con dureza en su conferencia, subrayando que “no es menor” que una senadora pida “intervención” en un medio extranjero. Retomó además un paralelo histórico: la comparación con los conservadores del siglo XIX que pidieron la llegada de un emperador europeo a gobernar México. Con ese encuadre, el gobierno buscó colocar el debate en el terreno de la soberanía, no solo de la eficacia contra el crimen organizado.
Morena y aliados: acusaciones de “traición a la patria”
A la postura de la presidenta se sumaron dirigentes y legisladores de Morena y partidos aliados, que acusaron a Téllez de “traición a la patria”. La diputada del PT Lilia Aguilar solicitó incluso que la senadora pida licencia y se ponga a disposición de las autoridades mientras se analizan sus declaraciones. El frente oficialista argumentó que pedir intervención extranjera —más allá de fórmulas de cooperación— podría encuadrar en tipos penales vinculados a la seguridad nacional.
La defensa de Téllez: ayuda ≠ intervención
Téllez respondió que no pidió una “intervención”, sino cooperación para enfrentar a los cárteles, amparándose en la libertad de expresión y la inviolabilidad parlamentaria. Recalcó que solicitar ayuda no implica someter a México a un gobierno extranjero, ni avalar acciones unilaterales sin consentimiento de las instituciones nacionales. En su narrativa, la “verdadera traición” sería proteger a criminales o bloquear las acciones del Estado contra el crimen organizado.
El marco jurídico: qué dice el Código Penal Federal
La controversia se ancla en un marco legal que tipifica la traición a la patria dentro de los delitos contra la seguridad de la nación. El Artículo 123 del Código Penal Federal establece penas de 5 a 40 años de prisión para quien realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero, o tome parte en actos de hostilidad a favor de un Estado foráneo. Este precepto —junto con los artículos 124 a 126— es el que suelen invocar quienes sostienen que pedir “intervención” podría configurar una conducta delictiva. No obstante, en términos técnicos, no toda cooperación internacional en seguridad —siempre que sea autorizada por el Estado mexicano— equivale a traición: la distinción clave es la finalidad de sometimiento y la falta de consentimiento del Estado receptor.
Cooperación vs. intervención: la delgada línea
México mantiene desde hace décadas mecanismos de cooperación con EE.UU. en materia de seguridad (intercambio de información, capacitación, tecnología, coordinación operativa acotada), sujetos a acuerdos y a la legislación nacional. La intervención, en cambio, supone acciones unilaterales o impuestas por un actor externo, o una presencia militar/operativa en territorio nacional sin consentimiento expreso y marco jurídico claro. El debate político de fondo —reavivado por las declaraciones de Téllez— es dónde trazar la línea y quién la define en un contexto de crisis de violencia: el Ejecutivo, el Senado, o una eventual reforma de seguridad bilateral.
Implicaciones políticas inmediatas
En el corto plazo, el episodio fortalece dos narrativas:
- La del gobierno, que se presenta como garante de la soberanía y crítico de cualquier gesto que parezca abrir la puerta a decisiones de seguridad “dictadas desde Washington”.
- La de la oposición, que denuncia un Estado rebasado por el crimen y reivindica intensificar la cooperación con EE.UU. como herramienta legítima.
Ambas posiciones tensionan la relación bilateral: Washington suele medir la cooperación por resultados operativos, mientras que la Ciudad de México insiste en el respeto estricto a la soberanía y en el carácter convenido de cualquier apoyo. Políticamente, el caso también puede derivar en procedimientos internos (comisiones de ética, llamados de atención, puntos de acuerdo) y en litigios narrativos de alto impacto mediático, especialmente en un ciclo de reformas y reacomodos legislativos.
¿Qué sigue?
En los próximos días podrían verse pronunciamientos adicionales del PAN y de otros partidos, así como definiciones sobre si el Senado activará algún proceso —aun si fuese meramente declarativo— respecto a los señalamientos de “traición a la patria”. En la arena pública, la discusión continuará anclada en dos coordenadas: eficacia frente al crimen organizado y límites de la cooperación internacional. El equilibrio entre ambas será, otra vez, la gran prueba de la política de seguridad mexicana.
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