Una orden ejecutiva polémica
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 25 de agosto de 2025 una orden ejecutiva que instruye al Departamento de Justicia a procesar penalmente a cualquier persona que queme, mutile o profane la bandera estadounidense. La medida contempla penas de hasta un año de prisión sin derecho a libertad anticipada y busca reabrir un debate que durante décadas ha estado definido por fallos de la Suprema Corte que consideran la quema de la bandera como un acto protegido por la Primera Enmienda.
Antecedentes legales: libertad de expresión
Desde el histórico caso Texas v. Johnson (1989), la Suprema Corte estableció que la quema de la bandera constituye una forma de expresión política amparada por la Constitución. Posteriormente, en United States v. Eichman (1990), el máximo tribunal reiteró esta postura, invalidando leyes federales que criminalizaban el acto. Con la nueva orden ejecutiva, Trump desafía directamente esta jurisprudencia y abre la puerta a una confrontación con el poder judicial.
Los argumentos de Trump
Durante la firma del decreto, Trump afirmó que la bandera “es el mayor símbolo de unidad y sacrificio de la nación” y que permitir su quema es “una afrenta intolerable a los veteranos y a todos los que han defendido la patria”. Sostuvo que el gobierno tiene el deber de proteger los símbolos nacionales y que la libertad de expresión “no puede usarse como excusa para faltar al respeto al país”. Además, ordenó que los casos relacionados sean tratados como delitos federales y que el fiscal general explore mecanismos para llevarlos a la Suprema Corte con el objetivo de revertir los fallos previos.
Reacciones políticas
La medida fue celebrada por sectores conservadores y asociaciones de veteranos, que durante años han presionado para limitar la quema de la bandera. Líderes republicanos aplaudieron la decisión como un acto de “patriotismo y defensa de los valores nacionales”. Sin embargo, legisladores demócratas criticaron la orden ejecutiva por considerarla inconstitucional y señalaron que representa un intento autoritario de restringir libertades civiles.
Críticas de organizaciones de derechos civiles
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones de derechos humanos denunciaron que la orden ejecutiva es un ataque frontal a la Primera Enmienda. Recordaron que la Suprema Corte ha sido clara al señalar que los gestos de protesta, incluso cuando resultan ofensivos para una parte de la sociedad, están protegidos constitucionalmente. Algunos grupos anticiparon que presentarán demandas inmediatas para bloquear la aplicación de la norma en tribunales federales.
Consecuencias migratorias
La orden ejecutiva también contempla sanciones específicas para extranjeros: aquellos que sean sorprendidos quemando la bandera podrían perder visas, permisos de residencia o incluso enfrentar procesos de deportación. Este punto ha sido especialmente criticado por abogados migratorios, quienes advierten que podría abrir la puerta a abusos y a una aplicación discrecional de la ley en contra de comunidades inmigrantes.
El camino judicial que se avecina
Expertos constitucionalistas prevén que la orden ejecutiva será rápidamente impugnada y que los tribunales federales podrían suspenderla en cuestión de semanas. No obstante, el propio diseño del decreto busca provocar un nuevo examen de la Suprema Corte, donde actualmente existe una mayoría conservadora que, según analistas, podría estar dispuesta a reconsiderar los fallos de 1989 y 1990.
Conclusiones
La decisión de Trump de criminalizar la quema de la bandera coloca a Estados Unidos en un choque institucional entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Mientras sus simpatizantes celebran la medida como un gesto de patriotismo, críticos y especialistas advierten que se trata de un retroceso en materia de libertades civiles. Lo cierto es que el decreto no solo revive un viejo debate constitucional, sino que también puede convertirse en uno de los temas más candentes en la arena política y judicial rumbo a las próximas elecciones.
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