Contexto histórico y antecedentes
El 15 de septiembre de 2024 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que da vida a la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma plantea cambios estructurales profundos, entre ellos la elección democrática de jueces y ministros, así como la creación de nuevos órganos judiciales que sustituyen al Consejo de la Judicatura Federal. Los cambios buscan combatir la corrupción y promover la independencia judicial, aunque han generado controversia por su impacto institucional.
Mecanismo de transición y procesos electorales
Las reformas se implementaron de forma progresiva.
La primera etapa se realizó el 1 de junio de 2025, cuando se eligieron 881 cargos judiciales federales, incluyendo parte de los ministros de la Suprema Corte y magistrados de nuevos tribunales. El conteo de votos se llevó a cabo del 1 al 10 de junio, con resultados oficiales difundidos el 15 de junio. Las impugnaciones debieron resolverse antes del 28 de agosto. Finalmente, el 1 de septiembre de 2025 los electos tomaron protesta, momento en el que entraron en vigor los cambios estructurales que redujeron el número de ministros en la Suprema Corte de 11 a 9, con presidencia rotativa cada dos años y mandatos que van de ocho a once años.
El cambio en la Suprema Corte
La Suprema Corte comenzó a operar con nueve ministros electos por voto popular, lo que representa una transformación histórica en su composición y funcionamiento. La nueva Corte inicia funciones con una carga acumulada de más de mil asuntos que deberá resolver con prontitud, en un ambiente de escrutinio público y alta presión política.
Nuevas instituciones del Poder Judicial
Con esta reforma se crean dos órganos centrales:
- El Órgano de Administración Judicial (OAJ), encargado de la gestión administrativa y estructural del Poder Judicial, con la misión de garantizar su autonomía e imparcialidad.
- El Tribunal de Disciplina Judicial, orientado a investigar faltas administrativas y vigilar el desempeño de servidores judiciales.
La designación de Néstor Vargas Solano como representante del Ejecutivo en el OAJ generó polémica, debido a denuncias archivadas en su contra que reavivaron críticas sobre la independencia real de los nuevos organismos.
Polémica, críticas y riesgos
Diversos organismos alertaron que la elección popular de jueces erosiona la independencia judicial, aumenta la influencia política y debilita los estándares profesionales. Organismos internacionales y académicos han advertido que esta modalidad puede derivar en magistrados condicionados por la popularidad o por presiones electorales. Asimismo, abogados y especialistas en derecho han señalado que la viabilidad técnica del proceso es cuestionable, debido a la baja participación ciudadana y los elevados costos que implicó organizar las elecciones.
El panorama político y simbólico
La salida de Norma Piña como ministra presidenta marcó el fin de una etapa caracterizada por la colegialidad y la defensa de la independencia del Poder Judicial. En las recientes elecciones judiciales, los nueve candidatos de Morena resultaron electos, consolidando el control político sobre la Suprema Corte. Hugo Aguilar Ortiz, el más votado, se convirtió en presidente del tribunal, lo que simboliza una nueva era marcada por la centralidad del partido gobernante.
Conclusión
La reforma judicial que entró en vigor este 1 de septiembre representa una transformación sin precedentes en la estructura judicial de México. Por un lado, inaugura una etapa de participación ciudadana directa en la selección de jueces y magistrados. Por otro, abre un debate sobre la independencia judicial, la profesionalización del sistema y la influencia política. El equilibrio entre legitimidad democrática y solidez institucional será clave para el futuro del Poder Judicial.
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