Un ajuste que genera inconformidad
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, expresó públicamente su molestia por el recorte salarial aplicado a los integrantes del máximo tribunal del país. Tras las reformas impulsadas por el nuevo gobierno federal y la entrada en vigor de la Ley Federal de Remuneraciones, los sueldos de los ministros se redujeron de más de 200 mil pesos netos a aproximadamente 137 mil pesos mensuales.
Ortiz calificó el ajuste como una “rebaja fuerte, muy fuerte” que ha afectado significativamente sus ingresos, al punto de colocarlos apenas por encima del salario de algunos de sus colaboradores cercanos. La ministra señaló que ahora gana alrededor de 27 mil pesos más que su secretaria particular, lo que considera una desproporción frente a la magnitud de las responsabilidades que recaen en los miembros de la Corte.
Pérdida de prestaciones históricas
El recorte salarial vino acompañado de la eliminación de varias prestaciones que tradicionalmente gozaban los ministros de la SCJN. Ortiz detalló que ya no cuenta con seguro de gastos médicos mayores ni con la pensión vitalicia a la que antes tenían derecho los exministros al retirarse.
Estos cambios, explicó, se derivan de las medidas de austeridad impulsadas por la administración federal, que buscan reducir los privilegios de los altos funcionarios y alinear sus percepciones con los límites establecidos para el presidente de la República.
La ministra reconoció que, aunque continúa percibiendo un ingreso elevado en comparación con la mayoría de la población, considera injusto el desmantelamiento de un esquema de seguridad social que acompañaba la labor de quienes integran el máximo órgano de justicia.
Defensa de su congruencia personal
Ante las críticas recibidas por sus declaraciones, Ortiz defendió su conducta en materia de uso de recursos. Negó rotundamente haber incurrido en gastos de lujo con dinero público y aseguró que cualquier actividad personal —incluyendo viajes o cenas— ha sido cubierta con recursos propios.
Aclaró también que cuenta con dos pensiones legítimas: una del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otra por viudez, que le permiten sostener su economía familiar sin necesidad de recurrir a beneficios adicionales del cargo. De esta manera, buscó diferenciar su situación de la narrativa de despilfarro que algunos sectores han querido atribuirle.
Austeridad pública vs. austeridad privada
Ortiz sostuvo que la austeridad debe entenderse como una política pública, destinada a garantizar que los recursos del Estado se administren con racionalidad y transparencia. En su opinión, ello no significa que los servidores públicos estén obligados a renunciar a un nivel de vida personal que se han ganado legítimamente a través de su trayectoria profesional.
La ministra se sumó así al debate más amplio sobre los alcances de la austeridad en México, señalando que debe existir una separación clara entre los ingresos personales obtenidos con legalidad y las restricciones impuestas al gasto público.
Repercusiones en la Corte y en la opinión pública
Las declaraciones de Ortiz se producen en un contexto de tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, luego de que se impulsaran reformas para reducir privilegios y alinear los salarios de los jueces, magistrados y ministros con el tope constitucional. Mientras algunos sectores ven estas medidas como un avance en justicia social, voces críticas consideran que el recorte podría desincentivar la independencia judicial y limitar la capacidad de atraer perfiles altamente calificados.
En la opinión pública, las palabras de Ortiz han generado una reacción dividida: para unos, resultan insensibles frente a una ciudadanía que enfrenta salarios muy inferiores y precariedad laboral; para otros, reflejan una preocupación legítima sobre la dignidad de la labor judicial y la necesidad de reconocer su importancia en el equilibrio democrático.
Un debate que trasciende lo económico
El reclamo de Loretta Ortiz reaviva un debate recurrente en la política mexicana: ¿hasta dónde deben llegar las medidas de austeridad en los órganos autónomos y en los poderes del Estado? Mientras el Ejecutivo sostiene que la reducción de salarios es indispensable para eliminar privilegios y generar ahorros, el Poder Judicial advierte que esta política puede debilitar su independencia y su prestigio institucional.
En este escenario, la posición de Ortiz se convierte en un símbolo de la tensión entre la visión de austeridad republicana promovida por el gobierno y la defensa de un modelo que preserve condiciones laborales competitivas para quienes imparten justicia en el máximo tribunal del país.
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