Antecedentes del crimen
El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, de 56 años, fue asesinado en noviembre de 2024 en Colima. Su muerte, en un primer momento atribuida a la violencia generalizada que afecta al estado, adquirió nuevas dimensiones tras revelarse su papel como denunciante de actos de corrupción dentro de la Marina.
Guerrero Alcántar había señalado directamente a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna como responsables de encabezar una red de huachicol fiscal en los puertos marítimos de México, específicamente vinculada al ingreso irregular de combustibles disfrazados como aditivos industriales.
El ataque armado contra su vehículo fue ejecutado con precisión militar, lo que desde entonces generó sospechas sobre la participación de grupos con información privilegiada y conexiones dentro de instituciones de seguridad.
Investigación posterior y vínculos con el huachicol
La detención en septiembre de 2025 del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, dio un giro decisivo a la investigación del homicidio. Documentos de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron que el contralmirante asesinado había elaborado informes en los que denunciaba directamente el esquema de contrabando y evasión fiscal de hidrocarburos operado desde los puertos de Tampico y Altamira.
Estos informes, según fuentes judiciales, fueron entregados a instancias superiores meses antes de su asesinato. Sin embargo, no se adoptaron medidas de protección hacia Guerrero Alcántar, lo que refuerza la hipótesis de que su muerte estuvo vinculada a sus denuncias.
La FGR sostiene que las acusaciones del contralmirante y su posterior asesinato forman parte de una misma red de corrupción que buscaba silenciar a testigos clave dentro de las Fuerzas Armadas.
El modus operandi de la red
La red señalada por Guerrero Alcántar y confirmada en las investigaciones posteriores funcionaba mediante la importación de grandes volúmenes de diésel desde Estados Unidos. El combustible ingresaba bajo pedimentos falsos, etiquetado como aditivos para aceites lubricantes, lo que permitía a empresarios coludidos evadir el pago de impuestos.
Este esquema habría generado pérdidas millonarias al erario mexicano y habría contado con la complicidad de funcionarios de alto rango, entre ellos mandos navales en posiciones estratégicas dentro de las aduanas marítimas.
Los hermanos Farías Laguna, según la indagatoria, usaban sus cargos para garantizar el libre tránsito de estos cargamentos y proteger la operación de empresarios asociados.
Impacto dentro de la Marina y en la esfera política
El asesinato de Guerrero Alcántar y la posterior detención de Manuel Roberto Farías Laguna constituyen un duro golpe a la imagen de la Secretaría de Marina, tradicionalmente percibida como una de las instituciones con mayor credibilidad dentro del aparato de seguridad mexicano.
La revelación de que un contralmirante fue silenciado por denunciar corrupción interna exhibe las tensiones al interior de la institución y plantea dudas sobre los mecanismos de control y supervisión en las cadenas de mando.
En el plano político, la presidenta Claudia Sheinbaum ha utilizado el caso como ejemplo de que su gobierno no tolerará complicidad entre funcionarios y grupos criminales. El mensaje oficial ha sido contundente: ningún rango militar, por más alto que sea, está exento de rendir cuentas.
Consecuencias judiciales y expectativas
Actualmente, la FGR investiga la responsabilidad de los hermanos Farías Laguna y de empresarios asociados en el asesinato del contralmirante. No se descarta que el homicidio sea tipificado como crimen de Estado, dado el nivel de colusión y el posible uso de recursos oficiales en su ejecución.
Familiares de Guerrero Alcántar han exigido justicia y protección a otros oficiales que, como él, presentaron denuncias contra prácticas corruptas en puertos y aduanas. Por su parte, colectivos de militares retirados han solicitado garantías para que estos procesos se lleven a cabo con transparencia, sin encubrimientos.
El caso se perfila como un parteaguas en la historia reciente de las Fuerzas Armadas mexicanas, pues demuestra que la corrupción no solo se infiltra en las estructuras de seguridad, sino que puede provocar la eliminación de quienes intentan exponerla.
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