Introducción

Tras la defensa pública de Adán Augusto López Hernández respecto a los 79 millones de pesos recibidos entre 2023 y 2024, especialistas en materia fiscal y legisladores de oposición han puesto el foco en otro ángulo del caso: el monto que pagó por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR). De acuerdo con cifras de sus propias declaraciones, el senador de Morena habría pagado apenas un 2.4 % de ISR, cifra muy inferior a la tasa máxima del 35 % que establece la ley para contribuyentes con ingresos elevados.

La aparente discrepancia ha desatado un intenso debate sobre la legalidad y legitimidad de sus pagos fiscales, así como sobre la equidad del sistema tributario en México.

Los números que no cuadran

Las declaraciones fiscales presentadas por López Hernández indican que:

• En 2023, reportó ingresos por alrededor de 22.6 millones de pesos, pero pagó solamente 158,900 pesos de ISR.
• En 2024, reportó ingresos por poco más de 24.5 millones de pesos, con un pago de 1.8 millones de pesos de ISR.

En conjunto, por ingresos estimados en 79 millones de pesos, su pago de impuestos fue de 1.9 millones, lo que representa un porcentaje efectivo de 2.4 %.

Expertos en derecho fiscal señalan que, con la tasa aplicable del 35 %, López debió cubrir aproximadamente 26 millones de pesos en ISR. La diferencia es significativa y plantea la duda de si se usaron mecanismos legales de deducción en exceso, regímenes fiscales privilegiados o, en el peor escenario, evasión tributaria.

Críticas de especialistas

Académicos y especialistas en tributación han cuestionado la lógica detrás de las cifras declaradas. El abogado fiscalista Christian Benítez Núñez, de la Universidad La Salle, consideró que “no hay forma de justificarlo” bajo un esquema de deducciones ordinarias. Según su análisis, el pago realizado es tan bajo que difícilmente puede ser explicado únicamente por beneficios fiscales.

Otros analistas recalcan que las deducciones aplicables a personas físicas con actividad empresarial no alcanzan niveles tan altos como para reducir la tasa efectiva a un 2.4 %. De ser así, el caso reflejaría fallas estructurales en el SAT al permitir que contribuyentes con ingresos millonarios tributen como si estuvieran en un régimen preferencial.

Reacción política y exigencias al SAT

La oposición no tardó en reaccionar. Legisladores del PAN exigieron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que aclare públicamente si hubo irregularidades o trato preferencial hacia el senador. Sostienen que la diferencia entre lo que declaró y lo que pagó en impuestos no solo afecta la credibilidad del propio López Hernández, sino también la legitimidad de la autoridad fiscal.

El PAN planteó que el SAT debe abrir una investigación para determinar si el bajo pago de ISR constituye evasión fiscal o si se utilizaron mecanismos legales pero cuestionables desde un punto de vista ético. Aseguraron que el caso pone en evidencia una doble moral en la política mexicana: exigir transparencia a los ciudadanos mientras figuras de alto perfil podrían aprovechar vacíos legales para reducir sus cargas impositivas.

Impacto social y percepción pública

Más allá de la esfera política, el caso genera indignación social. En un país donde millones de trabajadores pagan puntualmente impuestos con retenciones directas en nómina, el que un político con ingresos multimillonarios contribuya con una tasa efectiva de 2.4 % refuerza la percepción de que existen dos Méxicos fiscales: uno para la ciudadanía común y otro para las élites políticas y económicas.

Las redes sociales se han llenado de críticas y comparaciones entre los impuestos que paga un trabajador promedio y lo que habría pagado el senador. Para muchos, este tipo de casos erosionan la confianza en las instituciones y aumentan la percepción de desigualdad.

Posibles consecuencias legales

Aunque hasta ahora no se ha abierto un procedimiento formal, expertos señalan que el SAT podría estar obligado a revisar las declaraciones de López Hernández. Si se encuentra que aplicó deducciones indebidas o no comprobadas, podría enfrentar créditos fiscales, sanciones millonarias e incluso denuncias penales por evasión.

Por otra parte, si se demuestra que todo está en regla y que los pagos reducidos fueron resultado de vacíos legales o beneficios fiscales disponibles, el caso podría convertirse en un ejemplo de la urgencia de reformar el sistema tributario mexicano, para evitar que los contribuyentes de mayores ingresos terminen pagando porcentajes irrisorios en comparación con la mayoría de la población.

Conclusiones

El bajo pago de ISR por parte de Adán Augusto López Hernández abre un debate que trasciende la coyuntura política. En el centro se encuentra la pregunta sobre la justicia tributaria en México: ¿es legítimo que alguien con ingresos millonarios aporte al fisco menos que un profesionista promedio?

El caso, además de representar un posible problema legal para el senador, también refleja un dilema estructural del país: la necesidad de garantizar que las leyes fiscales se apliquen con equidad, evitando regímenes o deducciones que beneficien de manera desproporcionada a los más poderosos.

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