Introducción

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una iniciativa de reforma al Código Fiscal que busca establecer un nuevo marco de supervisión sobre las plataformas digitales. La propuesta permitiría que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceda en línea y en tiempo real a la información almacenada en los sistemas o registros de empresas de streaming, redes sociales, apps de citas, servicios educativos en línea, clubes digitales y plataformas de intermediación entre terceros.

La medida, que ha despertado debate en sectores económicos y tecnológicos, será discutida en la Cámara de Diputados el 15 de octubre de 2025, y plantea modificaciones de amplio alcance sobre la relación entre el Estado y las grandes tecnológicas que operan en territorio nacional.

Contexto y alcance de la iniciativa

La propuesta busca incorporar un nuevo artículo al Código Fiscal de la Federación, identificado como Artículo 30-B, que obligaría a las plataformas a proporcionar acceso electrónico permanente a sus bases de datos. Según el texto del dictamen, el objetivo es verificar en tiempo real el cumplimiento de las obligaciones fiscales y evitar evasiones o fraudes derivados de modelos digitales.

El artículo establece que el SAT tendría la facultad de definir las especificaciones técnicas que deben cumplir los sistemas de las plataformas mediante reglas generales. En caso de incumplimiento, la autoridad fiscal podría ordenar el bloqueo temporal del servicio en territorio nacional hasta que la empresa provea el acceso requerido.

La iniciativa también designa a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones como el órgano encargado de administrar los aspectos tecnológicos e informáticos relacionados con el intercambio y resguardo de la información.

Fundamentos y objetivos del gobierno

Según la exposición de motivos, el crecimiento de la economía digital ha generado “asimetrías fiscales y regulatorias” que dificultan la supervisión tributaria y reducen la recaudación efectiva. La iniciativa sostiene que la falta de acceso a la información técnica de las plataformas impide al Estado medir con precisión los flujos de capital y consumo generados en el entorno digital.

El documento argumenta que las plataformas digitales —ya sean extranjeras o nacionales— participan en el comercio y los servicios dentro del país, por lo que deben sujetarse a los mismos mecanismos de fiscalización que las empresas tradicionales.
Además, el gobierno busca fortalecer la capacidad analítica del SAT, integrando herramientas de big data e inteligencia artificial para detectar irregularidades y automatizar procesos de revisión.

Repercusiones en el sector tecnológico

El planteamiento ha encendido alarmas entre empresas tecnológicas, especialistas en privacidad y organizaciones defensoras de derechos digitales.
Plataformas de streaming, aplicaciones de citas y redes sociales consideran que el acceso en tiempo real a sus bases de datos podría abrir la puerta a la exposición de información sensible de los usuarios, además de representar un riesgo técnico y jurídico en materia de protección de datos personales.

Empresas extranjeras con operación en México —como Netflix, Amazon, Tinder, Duolingo o OnlyFans— han expresado, de forma reservada, su preocupación por la viabilidad de cumplir simultáneamente con las leyes mexicanas y con las normativas internacionales de protección de datos, especialmente el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea.

La reforma, de aprobarse sin matices, podría colocar a México en una posición delicada frente a organismos internacionales, al establecer un tipo de supervisión fiscal sin precedentes en la región.

Reacciones de expertos y organismos

Distintas voces del ámbito jurídico y tecnológico han reaccionado a la propuesta:

• Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtió que la iniciativa podría violar derechos de privacidad y confidencialidad al permitir la inspección masiva de datos sin orden judicial.
• Artículo 19 señaló que una supervisión constante por parte del Estado representa un riesgo para la libertad de expresión, especialmente si los datos de usuarios se vinculan con actividades personales o ideológicas.
• Expertos en derecho fiscal, por otro lado, consideran que el SAT enfrenta limitaciones tecnológicas para procesar información en tiempo real de grandes volúmenes de datos, por lo que el impacto inicial podría ser más teórico que operativo.

También hay quienes defienden la medida como una herramienta necesaria contra la evasión fiscal, argumentando que muchas plataformas globales obtienen ingresos en México sin reportarlos con claridad al fisco.

Implicaciones legales y políticas

Desde un punto de vista jurídico, la propuesta plantea interrogantes sobre la compatibilidad entre el Código Fiscal y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).
La obligación de dar acceso al SAT a bases de datos podría contradecir el principio de proporcionalidad y el derecho a la privacidad reconocido en el Artículo 16 Constitucional.

En el plano político, la iniciativa refuerza la narrativa del gobierno de Sheinbaum sobre el combate a la evasión digital y la soberanía tecnológica, pero también alimenta el debate sobre el alcance del Estado en la economía digital y la vigilancia sobre los ciudadanos.

Perspectivas y próximos pasos

El dictamen será discutido en comisiones y podría recibir modificaciones antes de su votación en el pleno. Entre las alternativas que se analizan están:

• Limitar el acceso del SAT solo a información tributaria anonimizada.
• Establecer protocolos de auditoría indirecta en lugar de conexión en tiempo real.
• Requerir autorización judicial previa para el acceso a ciertos tipos de datos.

Si se aprueba en los términos actuales, la reforma colocaría a México como el primer país de América Latina en adoptar un modelo de fiscalización digital con monitoreo directo de servidores de plataformas privadas.
No obstante, también podría desencadenar litigios constitucionales y presiones diplomáticas de empresas extranjeras, particularmente estadounidenses y europeas.

Conclusión

La propuesta de Claudia Sheinbaum abre un debate profundo sobre los límites entre la transparencia fiscal y la protección de la privacidad digital. Si bien el objetivo de combatir la evasión y modernizar la recaudación es legítimo, la forma en que se ejecute determinará si el Estado fortalece su capacidad tributaria o si incurre en prácticas de vigilancia excesiva.

El equilibrio entre fiscalización y derechos digitales será clave para definir el futuro de la economía digital mexicana. En una era donde los datos son el nuevo recurso estratégico, su gestión determinará tanto la confianza de los usuarios como la credibilidad del propio gobierno.

Referencias

• El Universal: “Sheinbaum propone que el SAT acceda a los datos de apps de citas y plataformas digitales”.
• Aristegui Noticias: “SAT podrá acceder a información en tiempo real de plataformas de streaming y citas”.
• Merca2.0: “SAT vigilará datos en Netflix, Amazon y Tinder: ¿qué implica la nueva reforma?”.
• El Financiero: “Reforma al Código Fiscal busca que el SAT supervise servicios digitales”.
• Animal Político: “Críticas a iniciativa que permitiría al SAT acceder a bases de datos privadas”.

Mantente al día con lo mejor de Abejorro Media: noticias, tecnología, espectáculos y más. Disfruta de contenidos que informan, inspiran y te conectan con el mundo actual. Haz clic aquí para no perderte nuestra programación,
y también visita nuestra página de Abejorro Media para explorar todas las secciones:
🗞️ Noticias | 🎭 Humor político | 🌟 Espectáculos | ⚽ Deportes | 💰 Finanzas | 💻 Tecnología