Es el octavo operativo de este tipo durante el gobierno de Trump, en el marco de su política de “guerra directa” al narcotráfico
Las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron un nuevo ataque aéreo y naval contra una embarcación sospechosa de transportar drogas frente a las costas de Colombia. El operativo, que dejó al menos dos personas muertas y varios desaparecidos, marca el octavo ataque de este tipo en lo que va del actual mandato de Donald Trump, quien ha intensificado su estrategia militar directa contra el narcotráfico en América Latina.
Según el Pentágono, la embarcación fue identificada por sistemas de vigilancia marítima a unos 200 kilómetros al norte del puerto colombiano de Tumaco. Un dron de reconocimiento detectó el movimiento irregular de la lancha rápida y transmitió la información a un buque de la Marina estadounidense que patrullaba la zona. Tras varios llamados de advertencia sin respuesta, las fuerzas estadounidenses abrieron fuego, provocando la destrucción total de la embarcación.
Los reportes preliminares indican que en el ataque murieron dos tripulantes, mientras que otros tres permanecen desaparecidos. No se han recuperado cargamentos significativos, aunque fuentes militares afirmaron que la lancha habría transportado cocaína destinada a Centroamérica.
Una estrategia de “ataque preventivo”
El gobierno de Donald Trump ha sostenido que este tipo de operativos forman parte de una política de “ataques preventivos” contra redes del narcotráfico, con el fin de disuadir el transporte marítimo de drogas antes de su ingreso a Estados Unidos. Esta doctrina, conocida como Rules of Expanded Engagement, amplía los márgenes de acción de las fuerzas militares fuera del territorio estadounidense.
Según funcionarios del Departamento de Defensa, la operación fue coordinada desde la base naval de Key West, en Florida, y contó con la participación de unidades de inteligencia satelital y del Comando Sur (SOUTHCOM). La administración Trump ha defendido públicamente este tipo de acciones como “intervenciones quirúrgicas” necesarias para reducir el flujo de drogas hacia el país y combatir el financiamiento de grupos criminales.
Sin embargo, expertos en derecho internacional advierten que los ataques a embarcaciones en aguas internacionales sin la cooperación formal del país afectado violan el principio de soberanía y podrían constituir actos de agresión. Organizaciones de derechos humanos han solicitado una investigación independiente para esclarecer si las víctimas tenían vínculos comprobados con el narcotráfico o si se trató de un error operativo.
Reacción del gobierno colombiano
El Ministerio de Defensa de Colombia confirmó que fue notificado del operativo después de ocurrido, aunque negó haber participado directamente en la operación. En un breve comunicado, el gobierno colombiano expresó que “la lucha contra el narcotráfico debe enmarcarse en el respeto al derecho internacional y en la coordinación bilateral”.
Fuentes militares colombianas admitieron que en los últimos meses Estados Unidos ha aumentado de manera unilateral sus patrullajes en el Pacífico, argumentando que la región se ha convertido en una de las principales rutas de salida de cocaína hacia el norte. Estas incursiones, aunque justificadas como cooperación antinarcóticos, han generado tensiones diplomáticas y preocupación en varios sectores políticos.
En el Congreso colombiano, algunos legisladores criticaron el ataque y exigieron al Ejecutivo que solicite explicaciones formales a Washington. “Colombia no puede permitir que otros países ejecuten acciones militares dentro o cerca de nuestras aguas sin autorización. La soberanía no se negocia”, señaló uno de los senadores de oposición.
Contexto regional y antecedentes
Desde el inicio del mandato de Trump, la estrategia antidrogas de Estados Unidos ha tomado un giro marcadamente militar. Bajo la premisa de que los cárteles constituyen “amenazas transnacionales”, la Casa Blanca ha autorizado el uso de fuerza letal en operaciones marítimas sin necesidad de aprobación previa del Congreso.
En los últimos tres años, las fuerzas estadounidenses han realizado más de una docena de ataques similares en el Caribe y el Pacífico, la mayoría sin coordinación formal con los gobiernos de los países afectados. Si bien algunos operativos han resultado en incautaciones importantes, otros han sido cuestionados por la falta de transparencia y la ausencia de pruebas concretas sobre los supuestos cargamentos de droga.
La política ha sido duramente criticada por organismos internacionales, que la consideran una peligrosa expansión del uso militar en tareas policiales. Naciones Unidas ha advertido que la “militarización del combate al narcotráfico” podría derivar en violaciones a los derechos humanos y en una escalada de tensiones en la región.
Implicaciones para América Latina
El incidente frente a Colombia vuelve a poner en el centro del debate las estrategias internacionales para combatir el tráfico de drogas. Mientras Estados Unidos defiende sus acciones como un mecanismo de prevención, varios países latinoamericanos insisten en que los problemas estructurales del narcotráfico no pueden resolverse mediante el uso de la fuerza, sino a través de políticas de desarrollo, cooperación y reducción de la demanda.
La política de ataques preventivos podría tensar aún más las relaciones entre Washington y varios gobiernos latinoamericanos, especialmente aquellos que han expresado su desacuerdo con la línea dura de Trump. México, Brasil y Panamá han manifestado preocupación por la falta de coordinación y por los posibles daños colaterales que este tipo de operaciones podría ocasionar en aguas compartidas.
En el ámbito diplomático, el suceso ha reavivado la discusión sobre el papel del Comando Sur y el grado de autonomía que Estados Unidos se arroga en operaciones antinarcóticos. Algunos analistas advierten que este tipo de acciones podrían interpretarse como una nueva forma de intervención militar encubierta en América Latina.
Reacciones internacionales
La Organización de Estados Americanos (OEA) anunció que solicitará información detallada sobre el operativo, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el uso de fuerza letal en operaciones sin supervisión judicial.
Organizaciones civiles en Colombia y Estados Unidos exigieron que se revelen los nombres de las víctimas y que se investigue si realmente estaban vinculadas a redes criminales. Asimismo, pidieron al Congreso estadounidense revisar los protocolos de intervención del Comando Sur, especialmente aquellos que permiten el uso de drones armados fuera de zonas de conflicto reconocidas.
En contraste, sectores cercanos al gobierno de Trump celebraron la operación como una muestra de determinación y “tolerancia cero” frente al narcotráfico. El expresidente declaró en su cuenta oficial que “ninguna lancha de la muerte quedará sin respuesta”, reforzando el discurso de mano dura que ha caracterizado su administración.
Conclusión
El nuevo ataque contra una narcolancha frente a Colombia simboliza la continuidad de una política exterior estadounidense que prioriza la acción militar por encima de la cooperación regional. Aunque Washington insiste en que sus operaciones son parte de la guerra global contra las drogas, la falta de transparencia, el unilateralismo y el uso de fuerza letal sin consenso internacional plantean serias interrogantes éticas y jurídicas.
Para América Latina, estos hechos reavivan viejas tensiones y ponen en evidencia la necesidad de replantear el modelo de combate al narcotráfico. La guerra directa y los ataques preventivos podrían generar efectos contraproducentes: mayor desconfianza, pérdida de soberanía y la perpetuación de un conflicto que, tras décadas de enfrentamientos, sigue sin ofrecer soluciones duraderas.
Referencias
- Politico: “Trump expands lethal attacks on alleged drug traffickers.”
- HuffPost: “EEUU extiende su lucha contra las narcolanchas en el Pacífico.”
- The Guardian: “U.S. drone strike destroys suspected narco-boat off Colombia.”
- BBC Mundo: “Washington intensifica ataques marítimos en el Pacífico contra el narcotráfico.”
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