Redes societarias y notarías: el papel de los hermanos López Hernández

El senador Adán Augusto López Hernández y su hermano Melchor López Hernández figuran en una investigación que revela cómo sus notarías en Tabasco participaron en la constitución de empresas señaladas por irregularidades en contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Según la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), tres sociedades constituidas en esas notarías están vinculadas al desvío de al menos 464 millones de pesos mediante triangulaciones.

En concreto, en la Notaría 27, a cargo de Adán Augusto, se constituyeron empresas como CCTI S.A. de C.V. y Surface Technology, señaladas por recibir aproximadamente 270 millones de pesos de Pemex en servicios no justificables. En la Notaría 13, de Melchor López Hernández, se formó la empresa E&P Solutions, que habría recibido cerca de 194 millones de pesos bajo el mismo esquema. Además, entre esas notarías y otra de un excolaborador de Adán Augusto, al menos trece sociedades mercantiles fueron creadas y posteriormente identificadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

Contratos con Pemex y obras en Tabasco

Estas constituciones societarias se enmarcan en un contexto más amplio de asignaciones de contratos y licitaciones en el estado de Tabasco, donde López Hernández desarrolló buena parte de su carrera política. Durante su gestión como gobernador (2019-2021), adjudicó contratos por 592 millones de pesos a empresas vinculadas a amigos y antiguos clientes de sus notarías.

La obra del “Distribuidor Vial sobre Boulevard Adolfo Ruíz Cortines y Avenida Universidad” en Villahermosa fue otorgada a un consorcio encabezado por Constructora Santandreu, propiedad de un amigo de juventud de López Hernández, que recibió 477 millones de pesos en cinco licitaciones. Otra empresa, CM del Golfo, cliente también de sus notarías, fue adjudicada con 115 millones adicionales.

Los documentos oficiales revelan sobrecostos y retrasos considerables, con un costo final que se elevó a 670 millones de pesos frente a los 526 inicialmente previstos. La Secretaría de Obras y Transportes de Tabasco clasificó la información del proyecto por cinco años, lo que alimentó las críticas sobre falta de transparencia.

Implicaciones políticas y vulneraciones institucionales

El caso plantea diversos temas estructurales. En primer lugar, un claro conflicto de interés: un funcionario público con notarías donde se crean empresas que luego reciben contratos públicos representa una vulnerabilidad ética grave. En segundo lugar, los desvíos de recursos públicos son de magnitud considerable, con cientos de millones de pesos involucrados.

Además, la falta de transparencia en los procesos de adjudicación y la opacidad en la rendición de cuentas refuerzan las críticas sobre el manejo de los recursos públicos. Si bien organismos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el SAT han detectado los esquemas, aún no se han establecido responsabilidades penales ni administrativas concretas.

Reacción de los involucrados y contexto electoral

Adán Augusto López Hernández, hoy senador y figura relevante de Morena, ha negado que sus notarías o empresas vinculadas operen de forma irregular. Sin embargo, los señalamientos se presentan en un momento de especial sensibilidad política, considerando que Tabasco es un bastión tradicional de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El caso también se conecta con la investigación mediática más amplia de la llamada Estafa Maestra, que implicó al menos 128 empresas fantasma y diversas dependencias gubernamentales, exhibiendo la persistencia de redes de corrupción en la administración pública.

Conclusiones

La investigación evidencia cómo actores locales pueden aprovechar funciones notariales y redes societarias para triangular recursos públicos. Aunque las cifras aún se encuentran en revisión, la implicación de altos funcionarios y una empresa estatal como Pemex demuestra la urgencia de fortalecer los mecanismos de transparencia y control institucional.

Las autoridades competentes, incluyendo la ASF, el SAT y la Fiscalía General de la República, deberán esclarecer quiénes fueron los beneficiarios reales de los desvíos, determinar las responsabilidades penales correspondientes y establecer medidas de reparación. Mientras tanto, el escrutinio público y periodístico seguirá siendo esencial para garantizar que casos como este no queden impunes.

Referencias

• Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, “Notaría de Adán Augusto creó factureras y empresas de La Estafa Maestra”.
• Yucatán .com.mx, “Empresas ligadas a Adán Augusto habrían obtenido contratos millonarios con Pemex y el gobierno de Tabasco”.
• El País, “Adán Augusto adjudicó 592 millones de pesos a empresas de amigos y clientes en Tabasco”.

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