El incidente que encendió el debate
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el inicio de una campaña nacional contra el acoso sexual, una medida que surge tras un incidente ocurrido en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde un hombre la abordó de forma indebida mientras saludaba a simpatizantes durante un acto público. El hecho fue captado por cámaras y se viralizó en redes sociales, generando un debate nacional sobre la violencia de género y la seguridad de las mujeres en espacios públicos.
Sheinbaum, visiblemente molesta por lo sucedido, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y declaró que su caso debía servir para visibilizar lo que enfrentan millones de mujeres mexicanas cada día. En su mensaje, la mandataria expresó: “Si se lo hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres del país?”, una frase que se convirtió en lema para la nueva estrategia gubernamental.
El episodio no solo generó solidaridad entre colectivos feministas, sino también reacciones políticas. Mientras miembros de su gabinete y partidos aliados respaldaron su postura, opositores como Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del PRI, insinuaron que el acto podría haber sido un montaje mediático. Sin embargo, la rápida respuesta del gobierno y la presentación de la denuncia dieron solidez a la versión oficial.
La respuesta del gobierno federal
Tras el incidente, la presidencia instruyó a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para elaborar un plan integral de prevención, atención y sanción del acoso sexual y callejero. Este programa será implementado de manera coordinada con los gobiernos estatales y municipales, bajo el nombre “No es costumbre, es violencia”, retomando la frase utilizada por Sheinbaum en su conferencia posterior.
El plan contempla tres ejes principales:
- Campaña nacional de sensibilización, con difusión en medios de comunicación, escuelas, transporte público y espacios laborales.
- Revisión y armonización de leyes estatales, para que el acoso sexual sea reconocido como delito en todo el país, pues actualmente no todos los estados lo tipifican de la misma manera.
- Capacitación a funcionarios públicos y fuerzas de seguridad, con protocolos específicos de atención a víctimas y sanción a agresores.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que también se revisarán las denuncias presentadas en transporte público, centros laborales y dependencias federales, con el objetivo de identificar patrones de impunidad y fortalecer las rutas de atención.
El impacto político y social
El caso tuvo una repercusión inmediata en la conversación pública y política del país. Diversos líderes de opinión, periodistas y colectivos feministas reconocieron la importancia de que la máxima autoridad del país colocara el tema del acoso en el centro del debate nacional.
En redes sociales, miles de mujeres compartieron sus propias experiencias bajo el hashtag #NoEsCostumbreEsViolencia, que se convirtió en tendencia nacional. La campaña visibilizó la normalización del acoso callejero y laboral, y reavivó la discusión sobre la necesidad de un cambio cultural en torno al respeto y la igualdad.
Por otra parte, partidos de oposición señalaron que la respuesta del gobierno tenía un componente político. Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, declaró que la denuncia presentada por la presidenta debía ser un ejemplo de justicia, no de oportunismo, pero reconoció que la iniciativa “podría salvar vidas y marcar un precedente en materia de derechos de las mujeres”.
La presidenta respondió a las críticas con un mensaje contundente: “No hay montaje cuando se trata de dignidad. Este gobierno no simula, actúa.”
Panorama legal y desigualdad en los estados
Uno de los puntos más relevantes del nuevo plan es la revisión del marco jurídico estatal. Aunque el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contemplan sanciones por acoso sexual, no todos los estados las aplican de manera uniforme.
En 11 entidades, las penas por acoso son consideradas faltas administrativas menores o incluso inexistentes, mientras que en otras —como Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco— el delito se castiga con prisión y multas severas. La falta de homologación legal ha generado vacíos que permiten que muchos agresores no enfrenten consecuencias legales.
La nueva política impulsada por Sheinbaum pretende crear un marco nacional homogéneo, donde toda conducta de acoso sea considerada delito y pueda denunciarse de manera sencilla y segura. Para ello, se fortalecerá el sistema Línea Mujer 765, que permitirá realizar denuncias en tiempo real y recibir acompañamiento psicológico y jurídico inmediato.
Perspectiva internacional y comparativa
Organismos internacionales como ONU Mujeres y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han respaldado públicamente el esfuerzo del gobierno mexicano. Según cifras de la ONU, el 91% de las mujeres mexicanas ha experimentado algún tipo de acoso sexual a lo largo de su vida, y solo una de cada diez se atreve a denunciarlo.
Con este contexto, la campaña de Sheinbaum representa un intento de abordar una de las formas de violencia más extendidas y normalizadas en el país. Expertos señalan que el hecho de que una figura de alto poder haya sido víctima y haya denunciado públicamente puede tener un efecto catalizador para aumentar la confianza en las instituciones de justicia.
Asimismo, el gobierno mexicano busca que el programa “No es costumbre, es violencia” se alinee con los estándares internacionales del Convenio de Estambul, que establece obligaciones para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en todas sus formas.
Desafíos y críticas al programa
Aunque la campaña ha sido aplaudida por su ambición, diversos colectivos feministas han advertido sobre la necesidad de garantizar presupuesto, seguimiento y resultados medibles. Algunas organizaciones temen que se trate de un esfuerzo simbólico sin mecanismos de evaluación concretos.
En particular, la Red Nacional de Refugios y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio han pedido que la estrategia incluya también acciones contra el acoso digital y laboral, que afectan de manera creciente a las mujeres en México.
Por su parte, analistas políticos señalan que este proyecto podría convertirse en uno de los pilares sociales del nuevo gobierno, capaz de redefinir la relación entre el Estado y las mujeres mexicanas, siempre y cuando no quede reducido a una campaña mediática.
Un nuevo enfoque en la agenda de género
La iniciativa de Sheinbaum marca una ruptura con la visión tradicional de la política de género en México, al abordar el acoso como un problema estructural de seguridad y justicia, no solo de convivencia social. En palabras de la presidenta, el objetivo es “cambiar la cultura del silencio y del miedo”, y colocar a las víctimas en el centro de la acción gubernamental.
El reto ahora será convertir esta narrativa en resultados tangibles. Si la campaña logra reducir los índices de impunidad y fomentar la denuncia, podría consolidarse como una de las políticas más relevantes del sexenio en materia de derechos humanos y equidad.
Referencias
- El País: “Claudia Sheinbaum denuncia al hombre que la acosó: ‘Si se lo hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres del país?’”.
- El Financiero: “Sheinbaum presenta denuncia y anuncia campaña nacional contra el acoso sexual”.
- Infobae: “Sheinbaum anuncia campaña nacional contra el acoso sexual tras agresión: ‘No es costumbre, es violencia’”.
- Milenio: “Sheinbaum ordena revisión de leyes estatales sobre acoso y violencia de género”.
- La Jornada: “Gobierno federal prepara plan nacional contra el acoso con participación de estados y municipios”.
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