El origen de la crisis diplomática
Una nueva crisis diplomática ha estallado entre Perú y México tras la decisión del gobierno mexicano de otorgar asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra peruana y una de las figuras más cercanas al expresidente Pedro Castillo, actualmente preso por intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022.
El gobierno de Perú, encabezado por la presidenta Dina Boluarte, calificó la decisión mexicana como un acto de “injerencia inaceptable” en sus asuntos internos. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano anunció que romperá relaciones diplomáticas con México, argumentando que el asilo concedido constituye una violación de la soberanía nacional y de los principios de no intervención.
La embajada de México en Lima confirmó que Betssy Chávez se encuentra bajo protección diplomática en su sede, ubicada en el distrito de San Isidro, mientras las autoridades peruanas analizan si conceden el salvoconducto necesario para permitir su salida del país. El embajador mexicano, Pablo Monroy, informó que la solicitud de asilo fue presentada conforme a los tratados internacionales de protección humanitaria y que “México actúa conforme a la tradición de asilo que ha mantenido históricamente en América Latina”.
Betssy Chávez y las acusaciones en su contra
Betssy Chávez, de 34 años, enfrenta un proceso judicial en Perú por los delitos de rebelión y conspiración, al ser señalada como parte del círculo político que habría apoyado el intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso y convocar a una nueva Asamblea Constituyente.
La ex primera ministra sostiene que las acusaciones en su contra son persecución política, derivada de su militancia en el partido Perú Libre y de su respaldo al expresidente. En entrevistas recientes, ha declarado que teme por su seguridad y que el sistema judicial peruano actúa “bajo presiones del poder político y mediático”.
Desde la prisión de Barbadillo, Pedro Castillo envió una carta agradeciendo al gobierno de México por “mantener viva la tradición latinoamericana de proteger a los perseguidos por sus ideas”, mensaje que fue interpretado por Lima como una nueva provocación.
La reacción del gobierno peruano
La canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, anunció que el gobierno ha iniciado consultas con otros países de la región para “evaluar acciones diplomáticas conjuntas” ante lo que considera un patrón de intervenciones por parte de México. En su declaración, afirmó: “No es la primera vez que el gobierno mexicano interfiere en nuestros procesos internos; esta vez lo hace protegiendo a una persona que enfrenta cargos graves.”
El Congreso peruano, dominado por sectores conservadores, respaldó la postura del Ejecutivo y aprobó una moción de condena contra el gobierno mexicano. Legisladores del fujimorismo y de la derecha liberal calificaron la decisión de México como un “ataque directo a la justicia peruana”.
Por su parte, la presidenta Boluarte declaró que la política exterior del Perú “se mantendrá firme frente a cualquier intento de desestabilización”. Añadió que su país “no cederá ante presiones ideológicas ni ante gobiernos que busquen imponer sus visiones políticas sobre otros Estados”.
La postura de México
En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México defendió la decisión de otorgar asilo a Betssy Chávez. En un comunicado, explicó que la solicitud fue evaluada conforme a los principios del Derecho Internacional Humanitario y de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, instrumento regional que faculta a los Estados a ofrecer protección a personas perseguidas por motivos políticos.
La canciller mexicana, Alicia Bárcena, sostuvo que “México no interviene en los asuntos internos de ningún país” y subrayó que el asilo diplomático “es una práctica reconocida y respetada por la comunidad internacional”.
Además, el gobierno mexicano reiteró su llamado a la protección de los derechos humanos de Betssy Chávez, advirtiendo que su detención podría vulnerar las garantías de debido proceso. En palabras de Bárcena: “Nuestra política exterior se guía por la defensa de la vida, la libertad y la justicia. No se trata de ideología, sino de principios.”
Antecedentes de tensiones bilaterales
Las fricciones entre Lima y Ciudad de México no son nuevas. Desde diciembre de 2022, cuando Dina Boluarte asumió la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo, las relaciones bilaterales se han deteriorado significativamente.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha sido uno de los críticos más duros del gobierno de Boluarte, al que ha calificado como “resultado de un golpe de Estado parlamentario”. Estas declaraciones llevaron en su momento a la expulsión del embajador mexicano en Lima y al retiro del representante peruano en México.
Con el caso de Betssy Chávez, la tensión ha escalado a un nivel sin precedentes. Analistas diplomáticos advierten que la ruptura de relaciones podría afectar los vínculos económicos, el comercio bilateral y la cooperación en temas migratorios y de seguridad.
Reacciones internacionales
La crisis ha generado preocupación en varios organismos regionales. La Organización de Estados Americanos (OEA) hizo un llamado a ambos gobiernos a resolver sus diferencias “por la vía del diálogo diplomático y en estricto apego al derecho internacional”.
Desde Chile y Argentina se han emitido comunicados en favor de una solución pacífica, mientras que Colombia y Bolivia expresaron su respaldo a México, destacando la legitimidad del derecho de asilo.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó que el asilo diplomático “es una institución esencial para la protección de la integridad de las personas perseguidas políticamente” y exhortó al Perú a garantizar la seguridad de Betssy Chávez mientras permanezca en la sede diplomática mexicana.
Consecuencias y análisis político
La ruptura de relaciones diplomáticas representa un nuevo capítulo en la inestabilidad política del Perú, un país que ha enfrentado seis cambios de gobierno en menos de una década. Expertos en derecho internacional señalan que este conflicto no solo pone a prueba la política exterior peruana, sino que también reaviva la discusión sobre el uso político del asilo como herramienta de confrontación ideológica.
En México, la decisión ha sido respaldada por amplios sectores progresistas y organizaciones de derechos humanos, que ven en el caso una reafirmación del legado histórico del país en materia de asilo político, desde la Guerra Civil Española hasta las dictaduras del Cono Sur.
Sin embargo, críticos advierten que la medida podría complicar las relaciones de México con otros países de la región que mantienen posturas contrarias a los gobiernos de izquierda.
Un conflicto en desarrollo
Mientras la embajada mexicana en Lima mantiene resguardada a Betssy Chávez, el gobierno peruano ha dejado en suspenso la entrega del salvoconducto que le permitiría viajar a México. Sin ese documento, la ex primera ministra se encuentra en una especie de encierro diplomático, protegida por el derecho internacional pero sin poder abandonar el país.
En las próximas semanas, tanto la cancillería mexicana como la peruana buscarán apoyos internacionales que respalden sus respectivas posturas. Lo que comenzó como una medida humanitaria amenaza con convertirse en una crisis política regional que podría redefinir los equilibrios diplomáticos en América Latina.
Referencias
- El País: “Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras otorgamiento de asilo a Betssy Chávez.”
- BBC Mundo: “México concede asilo a Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú.”
- Milenio: “Perú acusa a México de injerencia por el caso Betssy Chávez.”
- La Jornada: “Gobierno de Perú analiza si otorgará salvoconducto a ex primera ministra asilada en embajada mexicana.”
- AP News: “Peru breaks diplomatic relations with Mexico over asylum claim of former prime minister.”
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