Litigios de gran escala
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para discutir una serie de litigios fiscales que involucran a las empresas de Ricardo Salinas Pliego, entre ellas Grupo Elektra y TV Azteca. En conjunto, los créditos fiscales impugnados superan los 48 mil millones de pesos, lo que convierte este caso en uno de los más grandes en la historia reciente del sistema tributario mexicano.
Uno de los expedientes más relevantes corresponde a Grupo Elektra, que enfrenta un crédito superior a los 33 mil millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), pérdidas fiscales y consolidación de ejercicios entre 2008 y 2013. Las autoridades sostienen que la empresa utilizó mecanismos contables y legales para reducir su carga fiscal de manera indebida, lo que derivó en la determinación de estos créditos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Antecedentes del conflicto
El enfrentamiento entre el Estado mexicano y el grupo empresarial de Salinas Pliego no es nuevo. Desde hace más de una década, las empresas del conglomerado han mantenido decenas de recursos legales para frenar el cobro de impuestos. En algunos casos, los litigios se remontan a decisiones tomadas durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando se eliminó el régimen de consolidación fiscal que permitía compensar pérdidas de unas filiales con las ganancias de otras.
Con la desaparición de ese esquema, el SAT inició una revisión de los ejercicios fiscales de Elektra y sus subsidiarias, concluyendo que existían diferencias sustanciales que derivaron en créditos multimillonarios. Sin embargo, el grupo empresarial respondió con una estrategia jurídica prolongada, interponiendo amparos, juicios y recursos que, hasta ahora, han mantenido en suspenso el pago efectivo de los adeudos.
Qué está en juego
La SCJN discutirá varios proyectos de resolución que podrían definir el futuro de estos litigios. Los proyectos elaborados por los ministros proponen desechar los amparos interpuestos por Grupo Salinas, argumentando que no presentan un interés constitucional relevante y que las resoluciones previas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa son válidas.
Si el pleno de la Corte aprueba estos proyectos, se confirmaría la legalidad de los créditos fiscales, obligando a las empresas a pagar la totalidad de los montos reclamados. Esto no solo implicaría un duro golpe financiero para el conglomerado, sino también un precedente histórico sobre la aplicación estricta de la ley tributaria a grandes corporaciones.
Desde la perspectiva del gobierno federal, el caso representa una oportunidad para reafirmar su discurso contra la evasión y el “huachicol fiscal”. En cambio, para Salinas Pliego y sus compañías, el desenlace podría significar años de impacto económico, reestructuración y posible venta de activos para cumplir con el pago.
Implicaciones económicas y políticas
En el ámbito económico, un fallo en favor del SAT reforzaría la percepción de que el Estado mexicano busca cerrar los espacios de privilegio fiscal que durante años beneficiaron a grandes grupos empresariales. Sin embargo, también podría generar tensiones en el sector privado, que ve en este caso un mensaje de mano dura y una advertencia sobre el futuro de las relaciones entre el poder económico y el gobierno.
En el terreno político, la resolución será interpretada como un parteaguas. Un fallo en contra de Grupo Salinas sería presentado por el gobierno de Claudia Sheinbaum como prueba de su compromiso con la justicia fiscal y la transparencia. Por el contrario, un fallo favorable al empresario podría avivar el debate sobre la influencia económica y la independencia del Poder Judicial.
Más allá de los montos, el caso representa un desafío institucional: demostrar que el sistema judicial puede actuar con autonomía frente a uno de los hombres más poderosos del país.
Conclusión
La próxima discusión en la SCJN sobre los litigios fiscales de Grupo Salinas marca un momento decisivo para la relación entre el Estado y los grandes contribuyentes. En juego no sólo están miles de millones de pesos, sino la credibilidad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
Si la Corte confirma los créditos fiscales, se consolidará un precedente que podría cambiar la forma en que las grandes corporaciones enfrentan sus obligaciones tributarias. De lo contrario, la resolución podría alimentar la percepción de que, en México, la justicia sigue siendo negociable para los más poderosos.
Referencias
- Proceso: “Ministros se alinean con la 4T y preparan golpe de más de 48 mil millones contra Grupo Salinas”
- La Jornada: “Grupo Salinas prevé revés en la Corte y amaga con demandar al SAT”
- El Independiente: “La Corte alista fallo que podría costar más de 48 mil millones a Grupo Salinas”
- El Soberano: “Juicios interminables: el plan de Grupo Salinas para evadir impuestos y multas”
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