Salario mínimo vs. Inflación El gobierno federal anunció un incremento del 13% en el salario mínimo general para el próximo año, elevándolo de $278.80 a $315.04 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2026, lo que equivale a $9,582.47 pesos mensuales. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, describió esta decisión como producto de un “consenso unánime” entre todos los sectores económicos del país. Para la Zona Libre de la Frontera Norte, el aumento será del 5%, llevando el salario diario de $419.88 a $440.87 pesos, que se traduce en $13,409.80 pesos al mes. Las autoridades justificaron este incremento porcentual menor argumentando que el salario en esta región ya alcanza para cubrir 2.8 canastas básicas, superando así el objetivo establecido por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum de que el salario mínimo general cubra 2.5 canastas básicas para el año 2030. El secretario Bolaños destacó que, con estos incrementos, el salario mínimo habrá recuperado el 154% de su poder adquisitivo en comparación con los niveles registrados en 2018. Este avance representa un hito significativo en la política salarial de los últimos años, que ha buscado revertir la erosión histórica del valor real de los ingresos mínimos de los trabajadores. Un aspecto central de este anuncio es el impacto sobre la capacidad adquisitiva medida en términos de canasta básica. Mientras que en 2025 el salario mínimo solo permitía adquirir 1.8 canastas básicas, se proyecta que con el aumento del 13% en 2026 alcanzará para cubrir dos canastas completas. Este avance acerca al país a la meta presidencial establecida para el final de la década, aunque aún mantiene una brecha de medio punto porcentual respecto al objetivo final. Según las estimaciones oficiales de Presidencia, los incrementos salariales beneficiarán directamente a aproximadamente 8.5 millones de trabajadores durante el próximo año. Esta cifra refleja la amplia cobertura del salario mínimo en la estructura laboral mexicana, donde una proporción significativa de la fuerza de trabajo formal percibe ingresos en este nivel de referencia. El gobierno federal presentó además un cálculo que vincula directamente los aumentos salariales con la reducción de la pobreza. Las autoridades estiman que 6.6 millones de personas han logrado salir de la condición de pobreza exclusivamente gracias a los incrementos acumulados en el salario mínimo durante los últimos años. Esta afirmación sustenta la estrategia gubernamental de considerar la política salarial no solo como un instrumento de justicia laboral, sino también como una herramienta central en la política social de combate a la pobreza. La diferenciación regional en los porcentajes de aumento refleja un enfoque de política salarial que reconoce las disparidades económicas territoriales. Mientras el incremento general del 13% busca acelerar la recuperación del poder adquisitivo en el resto del país, el aumento moderado del 5% en la frontera norte responde a que esta zona ya exhibe mejores condiciones salariales relativas, medido en términos de capacidad de compra de canastas básicas. Este anuncio consolida una tendencia de incrementos sostenidos y significativos en el salario mínimo que se ha mantenido durante varios años consecutivos, rompiendo con la tradición de ajustes marginales que caracterizó periodos anteriores. La administración actual ha establecido como prioridad explícita la recuperación acelerada del poder adquisitivo del salario mínimo, utilizando como métrica principal su equivalencia en canastas básicas, un indicador concreto que permite a la ciudadanía evaluar directamente la mejora en su capacidad de consumo de productos esenciales. La proyección de que 8.5 millones de trabajadores se verán beneficiados subraya la importancia macroeconómica de esta decisión, que probablemente generará efectos multiplicadores en el consumo interno, particularmente en sectores populares de la economía. Simultáneamente, plantea desafíos para las pequeñas y medianas empresas que deberán absorber estos costos laborales adicionales en un contexto económico complejo, balanceando así los objetivos de justicia social con la sostenibilidad de la planta productiva nacional.
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