La apertura de la investigación y el contexto
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que mantiene una carpeta de investigación judicializada contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por su presunta participación en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionado con el cobro de una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la muerte de su esposo en 2004.
De acuerdo con la Fiscalía, la investigación no es reciente y fue presentada ante un juez federal desde septiembre de 2025, como parte de un expediente que se integró a partir de una denuncia formal interpuesta por Pemex. La dependencia rechazó que se trate de un caso fabricado o impulsado por consigna política, luego de que distintas voces señalaran que la indagatoria podría tener un trasfondo de persecución contra una figura crítica del gobierno federal.
La audiencia inicial para la imputación formal está programada para el 16 de diciembre de 2025, y se llevará a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente. En ella, además de Casar, serán presentados dos exfuncionarios de Pemex presuntamente involucrados en la autorización de los pagos.
El origen de la pensión y las presuntas irregularidades
El caso se remonta al año 2004, cuando Carlos Fernando Márquez Padilla, esposo de María Amparo Casar y entonces coordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, falleció tras caer desde un edificio de la petrolera. En ese momento, los peritajes oficiales concluyeron que la causa de la muerte fue un suicidio.
Tras el fallecimiento, Pemex otorgó a Casar una pensión vitalicia, así como otros beneficios económicos vinculados a la seguridad social, los cuales se mantuvieron vigentes durante casi dos décadas. Sin embargo, en marzo de 2024, la empresa productiva del Estado suspendió los pagos y presentó una denuncia ante la FGR, argumentando que la pensión no cumplía con los requisitos legales para su otorgamiento.
Según las autoridades, los beneficios habrían sido concedidos bajo una interpretación irregular de la normatividad interna de Pemex, ya que el tipo de fallecimiento registrado no daba derecho a una pensión vitalicia. El monto total de los recursos entregados durante años, de acuerdo con estimaciones oficiales difundidas posteriormente, representaría un perjuicio millonario para la empresa.
Las acusaciones y el marco legal
La FGR sostiene que María Amparo Casar pudo haber incurrido en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, al recibir y conservar una pensión que, de acuerdo con la denuncia, no correspondía legalmente. Este delito está previsto en el Código Penal Federal y puede implicar sanciones que incluyen penas de prisión y multas económicas.
Además de Casar, la investigación involucra a dos exfuncionarios de Pemex, quienes presuntamente autorizaron y mantuvieron los pagos de la pensión a lo largo del tiempo. La Fiscalía argumenta que dichos servidores públicos habrían facilitado el beneficio de manera indebida, al margen de la normatividad aplicable.
Aunque la audiencia de imputación será determinante, el proceso aún se encuentra en una etapa inicial, por lo que corresponderá al juez decidir si existen elementos suficientes para vincular a proceso a los señalados y permitir que el caso avance a una fase de juicio.
Reacciones públicas y debate político
La investigación ha generado un intenso debate público y político. Por un lado, la FGR ha reiterado que su actuación responde exclusivamente a criterios jurídicos y que no existe una motivación política detrás del caso. La institución ha subrayado que la carpeta se integró con base en una denuncia formal y evidencia documental.
Por otro lado, organizaciones civiles, analistas y actores políticos han expresado preocupación por lo que consideran un posible uso del aparato de justicia contra voces críticas del poder. Desde esta perspectiva, el caso se interpreta como un episodio más de confrontación entre el gobierno y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la vigilancia de la corrupción.
María Amparo Casar y la organización que encabeza han defendido públicamente que la pensión fue otorgada conforme a la ley vigente en su momento y que el proceso representa una criminalización de un derecho adquirido, postura que será central en su estrategia de defensa.
Implicaciones legales y próximos pasos
La audiencia programada para el 16 de diciembre marcará un punto clave en el desarrollo del caso. Si el juez determina que existen elementos suficientes, los imputados podrían ser vinculados a proceso y enfrentar un juicio penal que tendría implicaciones tanto legales como políticas.
Más allá del resultado judicial, el caso se perfila como un episodio relevante en la discusión sobre corrupción, rendición de cuentas y uso del sistema de justicia, en un contexto de alta polarización política en México. El desenlace podría sentar un precedente sobre la revisión de beneficios otorgados en administraciones pasadas y sobre los límites entre la acción legal y la disputa política.
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