¿Expropiación light? El caso de la energía El sector eléctrico privado en México enfrenta una situación de máxima tensión tras la publicación de un borrador regulatorio que, de concretarse, alteraría de manera radical las reglas del juego para los generadores independientes de energía. Este documento, difundido por el gobierno federal el 5 de diciembre para un proceso de consulta pública, modifica sustancialmente el marco para los productores independientes de energía y ha sido interpretado por la industria como un paso hacia una mayor intervención estatal que podría desembocar en la transferencia forzosa de activos privados a la Comisión Federal de Electricidad. El núcleo de la propuesta reside en dos cambios fundamentales. En primer lugar, elimina una opción clave que tenían los generadores bajo el esquema anterior. Mientras las reglas vigentes permitían a estas empresas vender electricidad a la CFE mediante contratos de largo plazo, con la posibilidad de migrar al mercado eléctrico mayorista una vez que esos contratos expiraban, el nuevo borrador les obligaría a vender su producción exclusivamente a la empresa estatal por un periodo adicional de cinco años, limitando drásticamente su libertad comercial y su potencial de negocio en el mercado abierto. En segundo lugar, y de manera más contundente, la propuesta introduce un mecanismo que otorga a la CFE la opción de adquirir los activos de generación de estas compañías sin costo alguno. Esta disposición representa un giro de 180 grados, ya que el marco regulatorio anterior reconocía y protegía claramente la propiedad privada sobre las plantas de generación. Para los generadores, la única ruta para eludir esta aplicación general sería un proceso complejo y discrecional: negociar nuevos permisos directamente con las autoridades, una alternativa que genera incertidumbre y no garantiza resultados favorables. La reacción del sector privado ha sido de alarma y firme rechazo. La Asociación Mexicana de Energía, un importante grupo empresarial, ha manifestado en comentarios públicos que estas modificaciones podrían configurar una expropiación indirecta de activos. Esta preocupación no es menor, considerando que los productores independientes de energía representan aproximadamente una quinta parte de toda la capacidad operativa de generación del país. Su papel es estratégico para la estabilidad y la suficiencia del sistema eléctrico nacional. Las nuevas reglas se enmarcan en la implementación de la reforma constitucional en materia eléctrica aprobada en octubre de 2024, la cual anuló la anterior legislación del sector. Estos lineamientos de diciembre buscan dar forma concreta a los postulados de esa reforma, pero su redacción actual ha encendido todas las alertas. Analistas y consultores especializados advierten sobre las graves implicaciones que esta propuesta conlleva, especialmente en el ámbito internacional. Un número significativo de las empresas que operan como productores independientes en México son corporaciones extranjeras, con capitales de Estados Unidos, Canadá, España y Japón, entre otros países. Empresas como AES Energy, Naturgy Energy Group, Mitsubishi Power, Acciona SA y Saavi Energía se verían directamente afectadas por estos cambios. Expertos como Pablo Zárate, director general sénior de FTI Consulting, señalan que la propuesta evidencia el profundo desafío que enfrenta México para equilibrar el control estatal del sector con los derechos de los inversionistas, particularmente sobre activos heredados de regímenes regulatorios anteriores. El riesgo inmediato es que, de promulgarse estas reglas en su forma actual, el gobierno mexicano podría enfrentar una ola de demandas internacionales por presuntas violaciones a tratados de comercio e inversión. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) establece mecanismos específicos de solución de controversias para proteger a los inversionistas de medidas que equivalgan a una expropiación sin la debida compensación. La amenaza de activar estos mecanismos de arbitraje internacional es muy real y podría resultar en costosas indemnizaciones para el Estado mexicano, además de erosionar la confianza de los inversionistas extranjeros en el país. En esencia, el borrador regulatorio ha creado una zona de fricción donde chocan el objetivo gubernamental de fortalecer el control público sobre la generación eléctrica y los principios de seguridad jurídica y protección a la inversión privada que sostienen los acuerdos comerciales internacionales de los que México es parte. El resultado de esta tensión definirá no solo el futuro de decenas de empresas, sino también la dirección de todo el sector energético mexicano en los próximos años.
Explora el universo de Abejorro Media: noticias, tecnología, espectáculos y mucho más. Mantente conectado con los contenidos que informan, entretienen e inspiran. Haz clic aquí para seguir nuestra programación,
y visita nuestra página de Abejorro Media para descubrir todas las secciones:
🗞️ Noticias | 🎭 Humor político | 🌟 Espectáculos | ⚽ Deportes | 💰 Finanzas | 💻 Tecnología
