Piden flexibilidad de aranceles a países asiáticos El Consejo de Empresas Globales (CEG) ha emitido una postura pública solicitando un enfoque flexible y revisable en la aplicación de los nuevos aranceles a importaciones provenientes de una lista de países que incluye a China, India, Corea del Sur, Tailandia, Rusia y Turquía. Bajo el liderazgo de Manuel Bravo Pereyra, el organismo empresarial reconoce explícitamente los objetivos que persigue la modificación de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE). Expresan su acuerdo con la intención de combatir prácticas comerciales internacionales desleales y de avanzar hacia un entorno productivo nacional más equilibrado, argumentando que estas medidas buscan crear condiciones de competencia equitativas para las empresas que ya producen, invierten y generan empleo dentro del país. El CEG considera legítimo que México fortalezca sus instrumentos de política comercial para proteger el empleo formal y la integración productiva nacional en un contexto global que, a su juicio, se caracteriza por fenómenos de subvaluación y otras prácticas que distorsionan los mercados. Sin embargo, el núcleo de su declaración no es un apoyo incondicional, sino una serie de advertencias y recomendaciones prácticas para evitar efectos contraproducentes. El Consejo enfatiza que la eficacia real de esta política arancelaria dependerá críticamente de una implementación inteligente, ágil y sujeta a revisiones periódicas. Subraya la necesidad de que dicha implementación tome en cuenta la enorme diversidad del aparato productivo mexicano y la dinámica cambiante de los mercados internacionales. Desde su perspectiva, un mecanismo rígido podría generar más distorsiones e ineficiencias de las que pretende corregir, particularmente en las complejas cadenas de suministro de las que depende la economía nacional. Para mitigar estos riesgos, el CEG propone la creación de mecanismos de adecuación específicos. Entre las medidas más urgentes, sugiere establecer esquemas de excepción o permisos especiales para la importación de insumos críticos y bienes intermedios estratégicos que no cuenten con una oferta nacional suficiente en términos de volumen, calidad o competitividad. Esta recomendación se basa en una realidad económica fundamental que el organismo expone con claridad: México es una economía abierta y profundamente integrada en cadenas de valor regionales y globales, especialmente bajo el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Muchas empresas, incluidas aquellas que son cruciales para las exportaciones, dependen de estos insumos importados para mantener sus operaciones y cumplir con sus compromisos comerciales internacionales. Impedir o encarecer severamente su acceso podría paralizar segmentos completos de la industria y perjudicar la competitividad exportadora del país. El organismo también insta a las autoridades a realizar un monitoreo continuo y basado en evidencia del impacto real de los aranceles. Este análisis debe abarcar múltiples dimensiones: la disponibilidad y capacidad de la producción nacional para sustituir las importaciones gravadas, el efecto en los costos a lo largo de las cadenas de valor, el impacto final en los precios al consumidor y la influencia en las decisiones de inversión de largo plazo. El CEG advierte que será indispensable fortalecer la coordinación institucional y la capacidad operativa de las autoridades aduaneras y fiscales para que la aplicación sea eficiente y predecible. La meta debe ser reducir la complejidad administrativa y brindar certidumbre a las empresas que operan dentro de la legalidad, evitando que la nueva carga regulatoria se convierta en un obstáculo mayor que el propio arancel. En conclusión, la postura del Consejo de Empresas Globales equilibra un apoyo de principio a la defensa comercial con una fuerte exigencia de pragmatismo. Reitera su interés en seguir profundizando la integración regional y en avanzar hacia una mayor localización productiva en México como parte de una estrategia industrial de largo plazo. No obstante, deja en claro que este camino no debe recorrerse con medidas brutales que sacrifiquen la operatividad actual de la industria. La implementación, por lo tanto, debe ser tan dinámica y sensible a la realidad económica como las propias reglas del comercio global que se intentan enmendar, asegurando que la herramienta arancelaria proteja a los productores nacionales sin socavar la base industrial integrada que ya existe.
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