Solo un año de fiesta fiscal para la FIFA La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró públicamente que la exención de impuestos otorgada a la FIFA con motivo de la organización de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en México fue significativamente reducida y limitada por su gobierno a un periodo de un solo año. Esta precisión llegó como respuesta a una publicación periodística que sugería que la actual administración estaba ofreciendo excesivas facilidades fiscales al organismo rector del fútbol mundial. Sheinbaum explicó que el origen del beneficio fiscal se remonta a un acuerdo firmado en enero de 2018, durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, como parte de las garantías gubernamentales necesarias para que México, junto con Estados Unidos y Canadá, obtuviera la sede conjunta del megaevento deportivo. Este acuerdo original era de amplio alcance y establecía exenciones generales de impuestos federales y locales, además de eliminar diversos procesos de control administrativo, con una vigencia que se extendía hasta el año 2028 y que aplicaba no solo a la FIFA, sino también a sus subsidiarias, asociaciones miembro, proveedores, contratistas y cualquier tercero relacionado con la organización. La mandataria detalló que, desde el inicio de su gestión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) inició una revisión exhaustiva de estos compromisos en coordinación con otras dependencias, sosteniendo mesas de trabajo con la FIFA y la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut). El objetivo declarado fue adecuar las medidas fiscales y aduaneras derivadas de aquella garantía de 2018 para limitar su alcance, ajustándolo estrictamente al marco jurídico nacional vigente. El resultado de esta negociación fue una reducción sustancial de los beneficios. Según Sheinbaum, la SHCP logró acotar la vigencia de las exenciones para que sean aplicables exclusivamente hasta el ejercicio fiscal del año 2026, es decir, por un periodo de doce meses en lugar de los varios años que contemplaba el documento original. Además, el ámbito de aplicación se restringió de manera drástica. Los beneficios amplios y generales que se habían prometido inicialmente fueron limitados mediante una norma habilitante incluida en la Ley de Ingresos de la Federación para 2026, aprobada por el Congreso en octubre pasado. En la práctica, esto significa que las ventajas fiscales ya no tienen un carácter general. Ahora solo aplican a los sujetos directamente involucrados en la organización y celebración logística del torneo, y consisten específicamente en la liberación de ciertas obligaciones formales, así como de pagos, traslados, retenciones, recaudación y entero de impuestos previstos en las leyes fiscales mexicanas. El gobierno enfatizó que el acuerdo de 2018 era jurídicamente vinculante para el Estado mexicano, como lo señala el propio texto de la garantía, lo que implicaba la obligación de cumplir con sus términos. No obstante, la administración actual argumenta que mediante el proceso de revisión y la emisión de nueva legislación secundaria se logró redefinir y constreñir el alcance de esos compromisos dentro de lo legalmente posible. La SHCP emitió un comunicado oficial el domingo detallando estos ajustes, el cual fue citado por la presidenta para respaldar su postura de que su gobierno actuó para reducir, no para ampliar, los privilegios fiscales heredados. Este episodio subraya la tensión entre los compromisos internacionales adquiridos por administraciones pasadas para atraer eventos de gran magnitud y la política fiscal de gobiernos posteriores, que pueden buscar un mayor control sobre los ingresos públicos y una aplicación más estricta de la ley tributaria. La aclaración de Sheinbaum busca proyectar una imagen de rigor fiscal y defensa de la hacienda pública, distanciándose de la percepción de que se otorgan tratos preferenciales exagerados a entidades extranjeras. El contexto económico del evento sigue siendo considerablemente positivo para el país. La Secretaría de Turismo estima que la Copa del Mundo 2026 atraerá a más de 5.5 millones de turistas extranjeros, cuyo gasto podría alcanzar los 3,000 millones de dólares, una inyección económica significativa. Por lo tanto, la postura del gobierno parece buscar un punto medio: honrar, aunque en una versión minimizada, los compromisos necesarios para albergar el evento, al mismo tiempo que se presenta ante la opinión pública como un administrador celoso de los recursos fiscales que corrigió los excesos de un acuerdo previo considerado demasiado generoso.
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