La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es constitucional la extinción de más de 100 fideicomisos federales decretada en 2020, al considerar válida la transferencia de más de 68 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación. La decisión cerró uno de los debates legales más prolongados de los últimos años.

El máximo tribunal desechó las acciones de inconstitucionalidad y controversias promovidas por organismos autónomos, universidades y partidos políticos, quienes argumentaban que la desaparición de los fideicomisos afectaba derechos adquiridos y debilitaba áreas estratégicas como ciencia, cultura, deporte y atención a víctimas.

En su resolución, la Corte sostuvo que el Congreso tiene facultades para modificar el esquema de administración de recursos públicos y que la existencia de fideicomisos no es una obligación constitucional. Asimismo, concluyó que la extinción de estos instrumentos no implica, por sí misma, la cancelación de programas públicos.

La desaparición de los fideicomisos fue impulsada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de combatir la opacidad, la corrupción y el uso discrecional de recursos públicos. Desde entonces, el tema ha sido uno de los puntos más controvertidos de su política de austeridad.

Con este fallo, se consolida un cambio estructural en la forma en que el Estado mexicano administra fondos públicos, abriendo el debate sobre los mecanismos alternativos de financiamiento y control para sectores que anteriormente dependían de estos fideicomisos.

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