Coparmex: inseguridad frena la inversión El ánimo de los empresarios mexicanos para realizar nuevas inversiones se encuentra en uno de sus niveles más bajos desde la crisis generada por la pandemia de Covid-19, según revela un estudio de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Juan José Sierra Álvarez, presidente del organismo, presentó los resultados de la encuesta #DATA Coparmex, señalando que solo el 39.5 por ciento de las empresas considera que el presente es un buen momento para invertir. Esta cifra resulta alarmantemente similar al 37 por ciento registrado en 2020, el año más crítico de la pandemia, cuando el país experimentó su mayor contracción económica en la historia reciente. Esta parálisis en la confianza inversionista refleja una profunda preocupación por las condiciones generales del entorno de negocios en México. Sierra Álvarez identificó tres factores principales que ejercen una presión constante sobre la confianza empresarial: la incertidumbre económica, la inseguridad y lo que denominó el “ruido político” generado por los recientes cambios en la estructura del Poder Judicial. El dirigente argumentó que el estancamiento económico y la débil generación de empleo observados durante 2025 son la consecuencia directa de este bajo ánimo inversor. Las empresas, subrayó, no piden subsidios ni apoyos extraordinarios, sino condiciones básicas para operar: certeza jurídica y reglas del juego claras y estables. Criticó la tendencia a legislar y modificar las normas sin consenso suficiente, una práctica que, a su juicio, envía una señal muy negativa tanto a la inversión doméstica como a la extranjera, erosionando la confianza en la previsibilidad del marco regulatorio. Entre estos obstáculos, la inseguridad ha escalado posiciones para convertirse en el segundo freno más importante para el crecimiento empresarial en 2025. Los datos de la encuesta, realizada entre agosto y octubre de ese año, ofrecen un panorama concreto y preocupante: aproximadamente el 46.8 por ciento de los socios de Coparmex encuestados fue víctima de al menos un delito durante el año. Esto significa que una de cada dos empresas afiliadas al organismo padeció directamente la actividad delictiva. Sierra Álvarez enfatizó que esta no es una mera estimación, sino una cifra dura que refleja una realidad que se ha mantenido desde 2018, abarcando tanto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum. Los delitos que más afectan a las empresas son el robo de mercancías en tránsito, la extorsión o “cobro de piso” y el robo de vehículos. La extorsión, en particular, muestra una tendencia preocupante. El 17.3 por ciento de las empresas reportó haber sufrido este delito, y de estos casos, el 68.8 por ciento correspondió a extorsiones realizadas por vía telefónica. Sierra Álvarez calificó este flagelo como particularmente letal, afirmando que “mata a las mipymes” y tiene “de rodillas a miles de empresarios en México”. En este contexto, el dirigente valoró positivamente la reciente aprobación de la Ley General contra la Extorsión, considerándola un paso decisivo, aunque tardío, para enfrentar un delito que había crecido sin control durante años. La encuesta también arroja luz sobre las disparidades regionales en el ánimo empresarial. Mientras entidades como Michoacán, Coahuila y Veracruz muestran una disposición relativamente mayor para invertir, estados como Querétaro, Chihuahua y Tamaulipas se encuentran sumidos en un alto pesimismo, lo que sugiere que los desafíos de seguridad y certidumbre afectan de manera desigual a las diferentes regiones del país. En síntesis, el diagnóstico de Coparmex pinta un escenario complejo donde la convergencia de incertidumbre económica, violencia criminal e inestabilidad política ha creado un cóctel tóxico para la inversión. La confianza empresarial, esencial para dinamizar la economía y crear empleos, se encuentra en un punto de quiebre similar al del peor momento de la emergencia sanitaria, señalando la urgencia de acciones concretas por parte de las autoridades para restaurar las condiciones básicas de seguridad y certidumbre jurídica que toda economía requiere para florecer.
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