Reforma eléctrica: Un plan con más retos que enchufes El sector eléctrico mexicano se encuentra en una encrucijada crucial, obligado a modernizarse para sostener el crecimiento económico nacional y la competitividad industrial, pero navegando en un entorno marcado por la incertidumbre comercial, geopolítica y profundos cambios regulatorios internos. Un análisis reciente del Instituto de las Américas, titulado “Fortalecer la resiliencia, la eficiencia económica y la sostenibilidad del sector eléctrico en México”, subraya la complejidad de esta tarea, que busca simultáneamente garantizar el suministro, atraer inversiones, reducir emisiones y redefinir los espacios para la iniciativa privada, todo bajo la sombra de una reestructuración que otorga un papel preponderante al Estado. El marco de esta transformación lo establece la reforma energética que entró en vigor en marzo de 2025 y su legislación secundaria, como la nueva Ley del Sector Eléctrico. Estos instrumentos tienen objetivos múltiples y, en ocasiones, difíciles de conciliar: asegurar el acceso universal a la energía, promover el crecimiento económico sostenible, mejorar la eficiencia y reducir las emisiones de carbono. Sin embargo, el eje central de la nueva política es un principio de rectoría estatal. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene ahora garantizada por ley una cuota mínima del 54% de la energía inyectada a la red nacional, consolidándose como el actor dominante y principal inversionista del sector. Este cambio redefine radicalmente las reglas del juego anteriores, eliminando, por ejemplo, la posibilidad de que empresas privadas participen en las actividades de transmisión y distribución, y reorganizando el entramado institucional al reemplazar la autónoma Comisión Reguladora de Energía (CRE) por una Comisión Nacional de Energía (CNE) bajo la coordinación directa de la Secretaría de Energía. Para materializar sus ambiciosas metas, el gobierno necesita, paradójicamente, de una colaboración estrecha con el capital privado, dada la magnitud de las inversiones requeridas y las limitaciones presupuestarias públicas. Se contemplan varios esquemas público-privados para lograrlo. Uno es el modelo de “producción de largo plazo”, donde un privado construye una central y vende toda su energía exclusivamente a la CFE. Otro es la “inversión mixta”, en la que la CFE debe mantener al menos el 54% de participación accionaria en los proyectos de generación. También se deja la puerta abierta a otros esquemas que defina el reglamento, incluyendo aquellos con financiamiento público. Un área con particular potencial para estas alianzas es el almacenamiento de energía en baterías, una tecnología clave para gestionar la intermitencia de las fuentes renovables y vender energía en horas de máxima demanda. Sin embargo, el camino está plagado de retos monumentales. El Instituto de las Américas y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) coinciden en señalar que la principal barrera es generar certidumbre regulatoria y confianza entre los inversionistas privados. La centralización de la planeación y el cambio constante en las reglas pueden frenar el flujo de capital, especialmente el destinado a proyectos de generación limpia y tecnologías innovadoras, si no se establecen mecanismos de evaluación y asignación de permisos que sean claros, transparentes y predecibles. El fortalecimiento institucional es otra necesidad urgente, lo que implica consolidar las capacidades técnicas y de gestión de la renovada CNE y de la propia CFE, que debe transformarse para operar con principios de eficiencia y transparencia. En el plano puramente físico, la infraestructura existente representa un cuello de botella. El desarrollo y modernización de las redes de transmisión es una condición sine qua non para cualquier otro avance, ya que muchas regiones operan ya al límite de su capacidad. Asimismo, integrar masivamente energías renovables variables como la solar y eólica —para cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones— requiere no solo de almacenamiento, sino también de redes inteligentes, una actualización de la regulación técnica y tarifaria, y nuevos modelos de negocio. El éxito del Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico, que prevé un crecimiento sostenido de la demanda, depende de manera indispensable de crear un entorno que permita al gobierno federal aprovechar el capital privado de forma eficaz. Esto significa ejecutar a tiempo los proyectos de transmisión, definir una estrategia clara para la capacidad de generación restante y garantizar procesos de asignación imparciales. En última instancia, el gran desafío para México será equilibrar su legítima aspiración de soberanía y rectoría estatal en un sector estratégico con la necesidad de incorporar la innovación, eficiencia y los vastos recursos financieros que la iniciativa privada puede aportar para construir un sistema eléctrico verdaderamente resiliente, sostenible y capaz de iluminar el futuro crecimiento del país.
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