La reforma que nadie pidió y la inversión que todos necesitan En medio de un delicado momento económico, el gobierno federal impulsa una reforma electoral estructural que, según sus proponentes, busca fortalecer la democracia, reducir costos y mejorar la representación política. Sin embargo, esta iniciativa ha encendido un intenso debate público. Los partidos de oposición y numerosas voces de la sociedad civil advierten que el proyecto conlleva riesgos significativos de regresión democrática, al facilitar una mayor concentración del poder y poner en entredicho la autonomía y equidad del sistema electoral, especialmente del Instituto Nacional Electoral (INE). Argumentan que la propuesta podría reducir la representación proporcional en un momento en que, paradójicamente, se debería corregir la sobrerrepresentación que las reglas actuales otorgan a los grupos mayoritarios. La reforma, que se presentará al Congreso en las próximas semanas, aspira a redefinir las reglas políticas de cara a las cruciales elecciones de 2027, donde se renovará la Cámara de Diputados y se disputarán diecisiete gubernaturas. No se trata de un simple ajuste, sino de una modificación profunda al sistema político-electoral mexicano. Mientras el debate se centra en sus implicaciones políticas, un aspecto crítico que ha recibido menos atención es su potencial impacto sobre la ya debilitada inversión productiva en el país. La economía mexicana exhibe signos claros de fragilidad. En octubre de 2025, la inversión fija bruta registró una contracción anual del 5.8%, confirmando que la falta de inversión se ha convertido en uno de los principales lastres para el crecimiento. Esta caída está íntimamente ligada a una alarmante pérdida de confianza por parte del sector empresarial. Los datos son elocuentes: la encuesta Data Coparmex revela que solo el 39.5% de las empresas considera que es un buen momento para invertir, un nivel comparable al observado durante la pandemia y muy por debajo del promedio superior al 50% registrado entre 2021 y 2023. Los motivos principales son la incertidumbre económica, la inseguridad y, de manera destacada, la incertidumbre respecto al entorno político. Este pesimismo se refleja también en el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza del INEGI, que acumula diez meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos, marcando una clara prevalencia de perspectivas negativas sobre el futuro de los negocios. En este contexto de desconfianza generalizada, la eventual aprobación de una reforma electoral percibida como debilitadora de la integridad institucional podría tener efectos devastadores. La integridad electoral es un pilar fundamental del Estado de derecho. Cuando los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, perciben que las reglas del juego político pueden ser manipuladas o que los árbitros electorales pierden autonomía, extrapolan esa incertidumbre al ámbito económico. Asumen que si las reglas políticas son cambiantes y discrecionales, las reglas económicas, fiscales y regulatorias también podrían sufrir alteraciones imprevistas. Esta percepción genera una mayor prima de riesgo país, encarece el costo del capital y lleva a la postergación o cancelación de proyectos de inversión. Los fondos institucionales penalizan severamente estos escenarios de volatilidad institucional, pues incrementan el riesgo de sus carteras. La coyuntura actual agrava la urgencia de recuperar la confianza. México se encuentra en medio de un reacomodo geopolítico global que abre oportunidades históricas para fortalecer su industrialización, modernizar la infraestructura y profundizar la integración productiva, especialmente en el marco de la próxima revisión del T-MEC. Sin embargo, aprovechar esta ventana de oportunidad requiere volúmenes masivos de inversión privada, un recurso que hoy escapa ante la incertidumbre y que el gobierno, con finanzas públicas frágiles, no puede suplir por sí solo. Por lo tanto, es precisamente el peor momento para impulsar medidas que golpeen aún más la confianza empresarial. Si el objetivo nacional es atraer inversión productiva, capitalizar la coyuntura internacional y maximizar los beneficios del T-MEC, la prioridad debe ser fortalecer el marco institucional y enviar señales inequívocas de certidumbre y estabilidad. Una reforma electoral que sea percibida, independientemente de su intención declarada, como un retroceso democrático o un factor de concentración de poder, no solo dividirá a la sociedad política, sino que incidiría negativa y profundamente en las decisiones de inversión. El costo de esa desconfianza adicional podría traducirse en oportunidades perdidas de crecimiento, empleo y desarrollo en un año que es particularmente decisivo para el futuro económico de México.
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