Un giro con calendario

El movimiento del gobierno es verificable: el 7 de abril Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Larry Fink, a Adebayo Ogunlesi y a directivos de BlackRock para hablar de “proyectos mixtos”, infraestructura y nuevas inversiones; dos días después defendió revisar técnicas de extracción para gas no convencional, y este 15 de abril presentó un comité científico para evaluar su viabilidad. La propia Presidenta rechazó que exista un acuerdo con BlackRock y dijo que en la reunión “no quedamos en nada en particular”, de modo que hoy no hay prueba pública de un vínculo directo. Aun así, la proximidad entre ambos movimientos abre una lectura política difícil de ignorar.

La huella de BlackRock

La sospecha crece por el historial. BlackRock ya había entrado a la infraestructura energética mexicana con Pemex en 2015, primero con un memorando para desarrollar y financiar proyectos estratégicos y después con su participación en Los Ramones II, un gasoducto clave para mover gas de Estados Unidos hacia México. Además, desde octubre de 2024 BlackRock absorbió formalmente a Global Infrastructure Partners, reforzando una plataforma global enfocada en energía e infraestructura; dentro de ese universo hay activos de midstream y gasoductos, además de operaciones recientes ligadas al desarrollo gasífero saudí. Ese antecedente no prueba una presión sobre la política mexicana, pero sí muestra que el gas y su infraestructura están dentro del mapa natural de negocios del grupo.

Qué tecnología se invoca

Cuando Sheinbaum habla de “nuevas tecnologías”, el repertorio técnico que hoy circula en la industria apunta a varias líneas: uso de agua no potable o salobre, reciclaje y reúso de agua de retorno, y fluidos con aditivos menos tóxicos o biodegradables; en la literatura también aparecen variantes de fractura con CO₂ o de bajo uso de agua. Es cierto que estas opciones pueden reducir parte del consumo de agua dulce y ciertos residuos, y en algunos casos ya se aplican de forma incremental. Sin embargo, su adopción es desigual y muchas de estas soluciones siguen enfrentando límites operativos, costos elevados o falta de escalabilidad comprobada.

La evidencia técnica, además, sigue marcando restricciones estructurales. La EPA concluyó en 2016 que el ciclo del fracking puede afectar recursos de agua potable bajo ciertas circunstancias, y estudios posteriores han confirmado que estos riesgos persisten en contextos específicos, especialmente en el manejo de aguas residuales, derrames y fallas en la integridad de los pozos. A esto se suma que el Departamento de Energía de Estados Unidos reconoce que el tratamiento y reúso del agua producida continúa siendo un reto técnico relevante. Incluso las revisiones sobre fractura con CO₂ o tecnologías sin agua señalan desafíos importantes en costos, infraestructura especializada y validación a gran escala, lo que limita su despliegue generalizado en el corto plazo.

La pregunta de fondo

Por ahora, el gobierno presenta el debate como soberanía energética y mitigación ambiental, no como apertura pactada con capital financiero. Pero el contexto deja una interrogante legítima: si México empieza a moverse hacia el gas no convencional al mismo tiempo que reordena su relación con grandes fondos de infraestructura, la discusión quizá ya no gire únicamente en torno a ciencia y agua, sino a quién estaría listo para financiar, operar o capturar valor cuando llegue la decisión.

Explora el universo de Abejorro Media: noticias, tecnología, espectáculos y mucho más. Mantente conectado con los contenidos que informan, entretienen e inspiran. Haz clic aquí para seguir nuestra programación,
y visita nuestra página de Abejorro Media para descubrir todas las secciones:
🗞️ Noticias | 🎭 Humor político | 🌟 Espectáculos | ⚽ Deportes | 💰 Finanzas | 💻 Tecnología