Ausencia en plena crisis política

El senador morenista Enrique Inzunza Cázarez evitó presentarse a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso después de ser señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Su ausencia ocurrió justo cuando el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, escalaba en el Congreso y dividía a las bancadas entre acusaciones de narcopolítica, soberanía e intervención extranjera.

El legislador había prometido días antes que acudiría al Senado para enfrentar los señalamientos y defender su nombre. Sin embargo, el 6 de mayo informó que no asistiría, argumentando que no permitiría que la oposición convirtiera la sesión en un “espectáculo indigno” del recinto parlamentario.

Señalamientos desde Estados Unidos

Inzunza aparece entre los funcionarios sinaloenses mencionados en la investigación estadounidense relacionada con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. De acuerdo con reportes sobre el expediente, la acusación sostiene que funcionarios de Sinaloa habrían colaborado con esa organización criminal mediante acuerdos políticos, protección institucional y presuntos favores a cambio de apoyo.

El caso se desprende de procesos judiciales en Estados Unidos contra integrantes de Los Chapitos, incluyendo declaraciones y colaboraciones de miembros del propio grupo criminal. Aunque los señalamientos son graves, en México el gobierno federal ha insistido en que no habrá acciones legales sin pruebas formales entregadas por los canales correspondientes.

Defensa del senador

Antes de ausentarse de la Comisión Permanente, Inzunza rechazó públicamente las acusaciones. En un mensaje difundido en redes sociales, las calificó como falsas y dolosas, y sostuvo que los señalamientos responden a su defensa de la soberanía nacional frente a Estados Unidos.

El senador también afirmó que se encontraba en Sinaloa, “a ras de suelo” y con “la frente en alto”, buscando mostrar cercanía con su estado mientras evitaba acudir al recinto legislativo en la Ciudad de México. La decisión, sin embargo, alimentó críticas de la oposición, que interpretó su ausencia como una forma de evadir el debate público.

Congreso dividido por narcopolítica

La ausencia de Inzunza ocurrió en una sesión marcada por el choque entre oficialismo y oposición. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano exigieron acciones contra los funcionarios señalados por Estados Unidos e incluso plantearon la desaparición de poderes en Sinaloa, mientras Morena y sus aliados respondieron acusando a sus adversarios de usar el caso con fines políticos.

El debate también se mezcló con otros frentes de tensión bilateral, como la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua y las amenazas de Donald Trump de intervenir contra los cárteles en México. En ese contexto, el oficialismo buscó enmarcar las acusaciones como parte de una presión extranjera, mientras la oposición las presentó como evidencia de infiltración criminal en estructuras de poder.

Sin licencia y bajo presión

Aunque evitó acudir a la Comisión Permanente, Inzunza no solicitó licencia al cargo. Esa decisión lo mantiene formalmente en funciones como senador, pese a las acusaciones y a la presión política generada por el caso.

La permanencia en el cargo ha generado cuestionamientos sobre los criterios internos de Morena frente a funcionarios señalados. En paralelo, el partido y el gobierno han defendido que cualquier medida debe basarse en pruebas verificables y no en acusaciones difundidas desde el extranjero sin validación de las autoridades mexicanas.

Un caso que golpea a Morena en Sinaloa

La figura de Inzunza es relevante porque forma parte del círculo político sinaloense que ahora aparece bajo escrutinio. Antes de llegar al Senado, ocupó cargos importantes en el Poder Judicial y en el gobierno estatal, lo que vuelve más delicado el señalamiento por presuntos vínculos con redes criminales.

El caso también golpea a Morena porque se suma a las acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa, en un momento en que el partido intenta sostener su narrativa de combate a la corrupción. La oposición ha aprovechado el expediente para señalar una contradicción entre el discurso de honestidad y los perfiles que permanecen dentro del movimiento.

Conclusiones

La ausencia de Enrique Inzunza en la Comisión Permanente convirtió el caso en un problema político mayor. Aunque el senador niega las acusaciones y denuncia una ofensiva con motivaciones políticas, su decisión de no presentarse al Congreso dejó abierta la percepción de evasión en medio de una crisis que ya rebasa a Sinaloa.

El caso mantiene tres frentes abiertos: el judicial, por las acusaciones de Estados Unidos; el diplomático, por la tensión entre ambos países; y el político, por el impacto directo sobre Morena y su narrativa de soberanía, legalidad y combate al narco.

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