Una sentencia contra una de las traficantes más buscadas
Ofelia Hernández Salas, conocida como “Doña Lupe” o “La Güera”, fue condenada en Estados Unidos a 11 años de prisión por dirigir una red internacional de tráfico de personas ligada al Cártel de Sinaloa. La mexicana, de 64 años, era señalada por autoridades estadounidenses como una de las traficantes de migrantes más buscadas del mundo.
La sentencia fue dictada después de su detención en marzo de 2023, en un operativo coordinado entre fuerzas mexicanas y estadounidenses.
Una red desde Mexicali
De acuerdo con los reportes judiciales, Hernández Salas operaba desde Mexicali, Baja California, donde coordinaba traslados, casas de seguridad, hoteles, rutas por el desierto y cruces ilegales hacia Estados Unidos. Su organización movía a migrantes de distintos países, incluidos India, Rusia, Yemen y Egipto.
La red cobraba entre 10 mil y 70 mil dólares por persona, dependiendo de la ruta, nacionalidad y condiciones del traslado. Ese negocio convirtió el tráfico de personas en una operación transnacional de alto valor.
Vínculos con el Cártel de Sinaloa
Las autoridades estadounidenses señalaron que la red de “Doña Lupe” operaba con apoyo del Cártel de Sinaloa. Ese vínculo habría permitido mover personas, corromper funcionarios, usar rutas bajo control criminal y sostener una estructura de coyotes, falsificadores y operadores logísticos.
El caso muestra cómo el tráfico de personas se ha integrado a las economías criminales del narcotráfico. No se trata solo de drogas: los cárteles también explotan migración, extorsión, secuestro, falsificación y cobros por paso fronterizo.
Migrantes como mercancía
La red de Hernández Salas no solo cruzaba personas. De acuerdo con autoridades estadounidenses, también recurrió a robos, amenazas y prácticas violentas contra migrantes. En algunos casos, los migrantes quedaban atrapados entre deudas, extorsiones y la imposibilidad de denunciar por miedo a ser detenidos o deportados.
El caso evidencia la vulnerabilidad extrema de quienes buscan llegar a Estados Unidos por rutas irregulares. Pagan sumas enormes, quedan en manos de redes criminales y muchas veces enfrentan abusos durante todo el trayecto.
Túneles, documentos falsos y casas de seguridad
La organización utilizaba métodos variados para mover personas hacia Estados Unidos. Los reportes mencionan hoteles, casas de seguridad, rutas por el desierto e incluso túneles bajo el muro fronterizo. También habría contado con especialistas en falsificación de documentos y coordinación con coyotes.
Esa sofisticación explica por qué el caso fue prioritario para autoridades estadounidenses. No era una red pequeña de cruces locales, sino una estructura internacional con capacidad para mover migrantes de múltiples continentes.
Golpe financiero y sanciones
Antes de la sentencia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya había impuesto sanciones en 2023 para debilitar financieramente la red de Hernández Salas. La estrategia buscaba atacar cuentas, bienes y vínculos económicos que permitían operar el negocio.
La combinación de sanciones, detención y sentencia refleja el enfoque estadounidense contra redes de tráfico de personas: perseguir operadores, congelar recursos y exhibir vínculos con organizaciones criminales mayores.
Una condena con mensaje político
La sentencia de 11 años no solo castiga a “Doña Lupe”. También envía un mensaje a redes criminales que lucran con migrantes en la frontera: Washington busca perseguir no solo a coyotes menores, sino a jefes de estructuras transnacionales.
El caso también presiona a México, porque la red operaba desde territorio mexicano y dependía de rutas, complicidades y espacios bajo control criminal.
El negocio criminal de la migración
La condena confirma que el tráfico de personas sigue siendo una de las ramas más rentables y violentas del crimen organizado. Mientras existan rutas cerradas, políticas migratorias restrictivas y personas desesperadas por cruzar, las redes criminales seguirán explotando esa necesidad.
“Doña Lupe” cayó, pero el negocio que representaba sigue vivo. La sentencia golpea una estructura, pero no elimina las condiciones que permiten que miles de migrantes sigan pagando a criminales para intentar llegar a Estados Unidos.
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