Cuentas congeladas en plena crisis sinaloense
La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, de acuerdo con reportes publicados este viernes. La medida también alcanzaría a otros funcionarios y exfuncionarios vinculados con solicitudes de extradición de Estados Unidos.
El congelamiento ocurre en medio de la acusación federal estadounidense contra Rocha, Inzunza y otros actores políticos sinaloenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y Los Chapitos.
Sheinbaum dice que no sabía
Claudia Sheinbaum aseguró que no tenía conocimiento detallado del operativo de la UIF y pidió información a Hacienda para aclarar la situación. La presidenta evitó confirmar de primera mano la medida y dijo que solicitaría una explicación oficial sobre el bloqueo de cuentas.
La respuesta presidencial generó ruido político porque se trata de una medida sensible contra figuras de Morena y contra un gobernador con licencia que hasta hace poco era defendido por el propio oficialismo frente a acusaciones de Estados Unidos.
Rocha, Inzunza y otros señalados
Los reportes indican que la UIF notificó a bancos el bloqueo de recursos de Rocha Moya, Inzunza y otros implicados en la solicitud de detención con fines de extradición por parte de Estados Unidos. Algunas versiones también mencionan cuentas de familiares de Rocha y otros funcionarios incluidos en la investigación.
La medida debe leerse como cautelar. Congelar cuentas no equivale a una sentencia, pero sí implica que las autoridades financieras detectaron un riesgo o recibieron información suficiente para impedir movimientos mientras avanzan las investigaciones.
La conexión con Los Chapitos
El caso se conecta con la acusación estadounidense que sostiene que políticos y funcionarios sinaloenses habrían colaborado con Los Chapitos a cambio de apoyo electoral, sobornos y protección institucional. El Departamento de Justicia acusó a Rocha y a otros nueve funcionarios de presunta conspiración con líderes del Cártel de Sinaloa.
La UIF entra ahora por la ruta financiera: cuentas bancarias, movimientos de recursos y posibles operaciones vinculadas con dinero ilícito. Esa línea puede ser clave porque las acusaciones de narcotráfico y corrupción suelen depender no solo de testimonios, sino de rastros económicos.
El timing incómodo
El congelamiento llegó después de que Estados Unidos hiciera públicas sus acusaciones. Eso abrió una crítica inevitable: ¿por qué México actuó hasta que Washington presionó? Para la oposición, la medida confirma que el gobierno mexicano reaccionó tarde. Para el oficialismo, el bloqueo podría presentarse como prueba de que no hay protección si existen investigaciones financieras.
En cualquier caso, la acción de la UIF pone más presión sobre la narrativa presidencial. Sheinbaum ha insistido en que no se protegerá a nadie, pero también ha pedido pruebas y ha rechazado actuar solo por señalamientos externos.
Una investigación que puede crecer
Si la UIF encuentra movimientos irregulares, el caso puede avanzar hacia denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento no justificado o vínculos financieros con redes criminales. Si no encuentra elementos, el congelamiento podría quedar como una medida precautoria sin consecuencias penales mayores.
Por ahora, lo importante es que el caso Rocha ya no está solo en cortes de Estados Unidos ni en declaraciones políticas. También entró al sistema financiero mexicano.
El golpe político para Morena
El congelamiento de cuentas de Rocha e Inzunza golpea directamente a Morena porque ambos son figuras vinculadas al poder estatal y nacional. Inzunza fue secretario general de Gobierno en Sinaloa y después llegó al Senado; Rocha fue gobernador bajo las siglas del partido.
La medida también complica el discurso de defensa soberana. México puede reclamar pruebas a Estados Unidos, pero ahora sus propias instituciones financieras están tomando acciones contra los señalados.
Cuentas congeladas, crisis abierta
El bloqueo de cuentas no prueba culpabilidad, pero sí muestra que la crisis sinaloense entró en una fase más seria. Ya no se trata solo de acusaciones publicadas en Estados Unidos: hay entregas de exfuncionarios, solicitudes de extradición y medidas financieras en México.
El caso seguirá creciendo si la UIF, la FGR y las cortes estadounidenses comienzan a cruzar información. Y si eso ocurre, la pregunta será hasta dónde llega realmente la red política señalada por Washington.
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