La Corte valida el fast track
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el llamado “Viernes Negro” del Senado, la jornada del 28 de abril de 2023 en la que Morena y sus aliados aprobaron 20 reformas legales en fast track, en una sede alterna y en medio de acusaciones de irregularidades legislativas.
De acuerdo con reportes judiciales, la Corte rechazó por unanimidad que las presuntas irregularidades del procedimiento fueran suficientes para invalidar las reformas aprobadas aquella noche.
Una sesión en patio y sin oposición
El origen del caso está en la sesión realizada en el patio de la antigua sede del Senado en Xicoténcatl. Morena y sus aliados se trasladaron ahí después de que la oposición tomó la tribuna del Senado en Paseo de la Reforma.
Durante esa jornada, se aprobaron reformas en cascada, sin la presencia de buena parte de la oposición y con dispensas de trámites. Reportes de la época señalaron que se avalaron cambios en materias como aviación, minería, ciencia, tecnología, fentanilo, Financiera Rural y edad mínima para ocupar cargos públicos.
20 reformas en tiempo récord
El punto más criticado fue la velocidad. Los proyectos impugnados señalaban que se aprobaron alrededor de 20 reformas en unas cuantas horas, con tiempos promedio de discusión extremadamente breves y sin publicación previa adecuada de varios dictámenes.
La oposición acusó que no hubo deliberación real, que se violaron derechos legislativos y que la mayoría oficialista operó una aprobación masiva sin cumplir estándares mínimos de debate parlamentario.
Las irregularidades que no bastaron
Los proyectos discutidos por la Corte restaron peso a señalamientos como la falta de publicación de dictámenes en la Gaceta del Senado, la dispensa de trámites, la sede alterna y las dudas sobre quórum. La mayoría del tribunal consideró que esas condiciones no eran suficientes para anular las reformas.
La resolución marca un criterio relevante: no toda irregularidad legislativa lleva automáticamente a invalidar una ley. Para la Corte, el estándar de invalidez exige violaciones suficientemente graves y determinantes.
Morena celebra, oposición acusa retroceso
Para Morena y sus aliados, el fallo representa una validación jurídica de una jornada que la oposición presentó durante años como símbolo de abuso legislativo. Para los opositores, en cambio, la Corte terminó legitimando una forma de aprobar leyes sin deliberación, sin transparencia y sin contrapesos reales.
El debate no se limita al pasado. La decisión puede influir en futuras impugnaciones contra reformas aprobadas en sesiones aceleradas, con dispensas de trámites o en sedes alternas.
El precedente político
El “Viernes Negro” quedó como uno de los episodios legislativos más polémicos del tramo final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Aquella noche, Morena y sus aliados avanzaron una agenda amplia después de reunirse con el entonces presidente y frente a una oposición que había intentado bloquear la sesión.
La Corte ahora decidió que ese proceso no ameritaba tirar las reformas. Con ello, el episodio pasa de ser una polémica legislativa a convertirse en precedente constitucional.
La pregunta sobre el Congreso
La resolución deja una pregunta incómoda: si aprobar 20 reformas en fast track, sin discusión amplia y en sede alterna no basta para invalidar un procedimiento, ¿cuál es el límite real del desaseo legislativo?
La Corte respondió en términos jurídicos. La política seguirá respondiendo en otro terreno: el de la calidad democrática, el respeto a la deliberación y el poder de las mayorías para imponer reformas sin negociación.
Bendición judicial al Viernes Negro
La Corte no dijo que el “Viernes Negro” fuera un ejemplo de buena práctica parlamentaria. Lo que resolvió fue que las irregularidades denunciadas no alcanzaban para tumbar las reformas.
En términos políticos, sin embargo, el fallo funciona como una bendición judicial a una de las noches más cuestionadas del Senado reciente. Morena conserva sus reformas; la oposición pierde una de sus principales batallas legales; y el Congreso recibe un mensaje ambiguo sobre cuánto puede estirar las reglas antes de cruzar la línea constitucional.
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