Aduana militar bajo investigación
La Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de aprehensión contra tres mandos militares vinculados con la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, por presuntamente permitir el ingreso ilegal de más de 144 millones de litros de combustibles declarados falsamente como solución de cloruro de calcio.
Los señalados son los tenientes coronel Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, quienes estuvieron al frente de la aduana entre 2024 y 2026, además del teniente Jorge García García, subdirector operativo. De acuerdo con el reporte, los tres permanecen prófugos y forman parte de una lista de 13 personas investigadas, de las cuales siete ya fueron detenidas.
Combustible disfrazado de químico
La investigación señala que los cargamentos ingresaron por la Aduana de Matamoros entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025. La mercancía habría sido declarada como solución de cloruro de calcio, aunque en realidad se trataba de diésel, nafta y gasolina.
Las empresas importadoras identificadas por la FGR son Jumandi Group S.A.P.I. de C.V., con domicilio en Aguascalientes, y Ferroservicios S.A. de C.V., ubicada en Querétaro. Los pedimentos habrían permitido introducir más de 144 millones 508 mil litros de combustible sin el pago correspondiente de impuestos.
El golpe a la narrativa militar
El caso vuelve a poner bajo presión la militarización de las aduanas. Desde 2020, el control aduanal pasó a manos de las Fuerzas Armadas bajo el argumento de combatir corrupción y contrabando. Sin embargo, el expediente de Matamoros muestra que la presencia militar no eliminó los riesgos de colusión, sino que ahora los coloca dentro de una estructura castrense.
La FGR investiga si los mandos permitieron el ingreso de combustibles ilegales, omitieron inspecciones o facilitaron operaciones irregulares desde posiciones clave dentro de la aduana fronteriza.
Huachicol fiscal en expansión
El llamado huachicol fiscal no consiste en ordeñar ductos, sino en ingresar combustibles al país mediante facturación falsa, clasificación incorrecta o simulación de mercancías. El daño puede ser millonario porque evita el pago de impuestos y permite vender combustible ilegal en el mercado nacional.
El expediente de Matamoros se suma a otros casos vinculados con buques, empresas importadoras y funcionarios aduanales. La diferencia es que ahora la investigación apunta directamente a mandos militares, justo en una de las áreas donde el gobierno prometió mayor control y honestidad.
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