Jueza decide continuar proceso

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, fue vinculado a proceso por violencia familiar después de que una jueza determinó que existen elementos suficientes para continuar la investigación en su contra. El caso se abrió tras la difusión de un video en el que el exfuncionario agrede a su esposa, María Felicia Jiménez Lavié.

La audiencia se realizó en Morelos y derivó en la decisión judicial de mantener vivo el proceso, aunque la víctima presentó una carta en la que otorgó el perdón a Rodríguez Padilla y pidió no seguir adelante con la denuncia.

El perdón no detuvo el caso

La jueza determinó que el proceso debe continuar de oficio, debido a que la violencia familiar no depende únicamente de la voluntad de la víctima para ser perseguida. Esto significa que, aunque María Felicia Jiménez haya pedido cerrar el caso, las autoridades pueden seguir investigando y, eventualmente, llevarlo a juicio.

El exdirector de Pemex fue detenido días después de la difusión del video y enfrenta investigaciones tanto por la Fiscalía de Morelos como por una denuncia presentada ante el Ministerio Público. Su defensa ha argumentado que el delito no amerita prisión preventiva y ha buscado medidas alternativas.

Un caso de violencia y poder

El caso tomó relevancia nacional por el perfil del acusado. Rodríguez Padilla fue director de Pemex y estaba vinculado a un posible nombramiento en el sector energético, aunque el gobierno federal aclaró que ese cargo no se formalizó tras la polémica.

Claudia Sheinbaum había pedido aplicar la ley sin protección política. La vinculación a proceso confirma que el caso avanzará judicialmente, aun cuando la víctima haya expresado su deseo de no continuar.

Justicia más allá del perdón

La violencia familiar suele desarrollarse en contextos de presión emocional, económica o social. Por eso, que una víctima otorgue el perdón no siempre cancela el interés público de investigar, especialmente cuando existen indicios documentados de agresión.

Ahora el proceso deberá determinar responsabilidades, posibles medidas cautelares y condiciones para proteger a la víctima. El caso también vuelve a recordar que ningún cargo público debe blindar a una persona frente a acusaciones de violencia.

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