Nuevas grabaciones exhiben conversaciones
Nuevos audios atribuidos a Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, reavivaron la polémica sobre posibles contactos con intermediarios ligados al gobierno de Estados Unidos. En las grabaciones difundidas por el periodista Héctor de Mauleón, la mandataria habla de una posible colaboración con autoridades estadounidenses, menciona preocupación por sanciones y plantea entregar información obtenida en reuniones de seguridad mexicanas.
La gobernadora confirmó que sostuvo conversaciones con supuestos intermediarios, aunque defendió que se trató de contactos institucionales y legales. También señaló que sus interlocutores no comprobaron formalmente representar al gobierno estadounidense, lo que abre otra duda: si no había certeza de quiénes eran, por qué se discutían temas de seguridad tan delicados.
Negó negociaciones privadas
La polémica creció porque Marina del Pilar había negado antes estar negociando en privado con autoridades estadounidenses. Tras la filtración de un segundo audio, volvió a negar que exista un acuerdo “en lo oscurito” con Estados Unidos, aunque reconoció contactos y trámites legales relacionados con la decisión estadounidense de cancelar visas a ella y a su esposo.
Los audios describen un escenario políticamente explosivo: una gobernadora fronteriza, presionada por posibles sanciones o investigaciones, buscando canales de comunicación con supuestos enlaces estadounidenses fuera de los cauces públicos.
Seguridad, visas y temor a sanciones
El caso ocurre después de que Estados Unidos retiró la visa de Marina del Pilar y de su esposo, Carlos Torres. Desde entonces, la mandataria ha insistido en que no existe acusación formal en su contra y que busca aclarar su situación por vías legales.
Sin embargo, los audios apuntan a una preocupación más amplia: posibles sanciones de la OFAC, señalamientos de agencias estadounidenses y el riesgo de que la relación con autoridades de seguridad cruce líneas institucionales sensibles.
Un problema de transparencia
El fondo del caso no es sólo si Marina del Pilar habló o no con supuestos intermediarios. El problema es qué ofreció, qué información compartió, bajo qué autorización y si esas conversaciones fueron informadas al gobierno federal.
En una entidad fronteriza como Baja California, cualquier contacto informal con agencias o intermediarios de Estados Unidos sobre seguridad puede convertirse en un tema de soberanía, legalidad y confianza pública.
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